La Comisión Europea investiga las subvenciones al aceite de orujo en España por considerar que son ilegales

La Comisión Europea decidió ayer iniciar una investigación contra las ayudas concedidas por el Ministerio de Agricultura a la industria dedicada al aceite de orujo porque tiene indicios de que son ilegales. El montante de la subvención se elevó a 30,05 millones de euros. Bruselas considera que esas ayudas no están en principio justificadas. También cree ilegal la ayuda que se concedió a favor de productores de leche asturianos por 240.404 euros.

En el primer caso, las autoridades españolas deberán presentar sus alegaciones hacia este primer pronunciamiento de la Comisión Europea para justificar la validez de la ayuda. Si Bruselas no recibe una respuesta satisfactoria, se declarará contraria a la legislación europea en materia de ayudas de Estado. Los servicios del Ejecutivo comunitario consideran que el apoyo financiero que se concedió al sector bajo la forma de préstamos con un tipo de interés bonificado 'podría constituir ayudas al funcionamiento'.

El regulador europeo persigue este tipo de ayudas con mucha severidad, porque suponen una subvención destinada a mejorar la situación financiera de la industria sin contribuir 'en medida alguna' al desarrollo del sector. 'Es posible que estas ayudas interfieran con los mecanismos que regulan la organización común de mercado del aceite; por lo tanto, infringen la normativa comunitaria', asegura la Comisión.

El otro caso afecta directamente a los productores de leche en Asturias. Bruselas cree que el régimen de subvenciones establecido para la compra de cuotas lácteas, también en forma de bonificación del tipo de interés de los préstamos, constituye 'una infracción de las normas' sobre ayudas de Estado y exige su devolución. La Comisión decidió investigar este sistema tras recibir una denuncia. Los servicios del Ejecutivo comunitario consideran que este sistema, que permaneció en vigor hasta diciembre de 1998, infringía la OCM de la leche, que prohíbe tácitamente este tipo de apoyo.

Agricultura deberá rendir cuenta ante Bruselas sobre la ejecución de esta decisión. Si no, la Comisión puede llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por incumplir sus obligaciones.