El Gobierno de EE UU revisa sus contratos con la empresa Enron y la consultora Arthur Andersen

En una muestra de cómo Enron ha caído en picado y en desgracia, la Casa Blanca ha anunciado su intención de revisar los contratos oficiales de suministro de energía adjudicados a la compañía en bancarrota. El Gobierno someterá también a revisión los contratos con la empresa auditora Arthur Andersen. En total, ambas compañías pueden perder acuerdos que suman 70 millones de dólares (82 millones de euros) anuales. Mientras tanto, el Congreso va a investigar si el plan energético del Gobierno diseñado por el vicepresidente, Dick Cheney, se redactó a la medida de los intereses de Enron.

Es evidente que la Casa Blanca trata de distanciarse al máximo del escándalo al anunciar la revisión y posible ruptura de los contratos oficiales con Enron y Arthur Andersen, valorados en más de setenta millones de dólares anuales.

Paradójicamente, Enron tiene un suculento contrato de suministro energético con el Departamento de Justicia, que ahora investiga a la compañía por haber ocultado el estado real de sus finanzas mientras su cúpula directiva se enriquecía con la venta rápida de sus acciones.

Enron obtiene medio millón de dólares anuales de Justicia por suministro de gas y electricidad. Tampoco es casualidad que el mismo departamento sea también cliente preferencial de Arthur Andersen, que recibe 2,6 millones de dólares (2,91 millones de euros) anuales por servicios de consultoría financiera. El Pentágono es también cliente de ambas empresas: paga anualmente 11,4 millones a Arthur Andersen y 5,7 millones a Enron.

Mitchell Daniels, director presupuestario de la Casa Blanca, ha enviado una carta a la Administración General de Servicios (el organismo encargado de supervisar las contrataciones gubernamentales) en la que ordena la revisión inmediata de las adjudicaciones para asegurarse de que se ajustan a la norma federal que exige 'un historial satisfactorio de integridad y ética empresarial' a las compañías contratadas por cualquier departamento gubernamental.

Daniels asegura que las informaciones sobre destrucción de documentos y manipulación de informaciones 'dicen muy poco a favor de ambas corporaciones y de su capacidad de proporcionar un servicio de calidad'. Según Daniels, la situación hace que los contratos del Gobierno con Enron y Arthur Andersen tengan que analizarse para tratar de detectar 'potenciales irregularidades'.

Enron declinó comentar esta decisión. Un portavoz de Arthur Andersen, Patrick Dorton, aseguró que su compañía tiene un 'historial demostrado de servicios excelentes a los clientes gubernamentales', aunque aceptó que 'puede existir la necesidad de renovar la confianza' en su empresa.

La decisión de la Casa Blanca ha llegado justo un día después de que comiencen en el Congreso las primeras sesiones de alguna de las múltiples comisiones de investigación que van a analizar el comportamiento de la empresa energética de Houston y la compañía financiera de Chicago. Al menos 10 comisiones suman ya su trabajo a las investigaciones del Departamento de Justicia y la Comisión del Mercado de Valores.

Miles de trabajadores y accionistas perdieron sus ahorros y sus pensiones en muchos casos cuando Enron anunció repentinamente unas pérdidas que en realidad se habían ocultado con ingeniería financiera en los ejercicios anteriores.

Enron ha financiado campañas políticas de demócratas y republicanos, aunque sus vínculos con este último partido y especialmente con George W. Bush van más allá de la contribución simbólica a las campañas. Bush ha obtenido 623.000 dólares en contribuciones de Enron desde que comenzó su carrera política en Tejas.

Amigo personal de Bush

El que fuera hasta el jueves presidente de Enron, Kenneth Lay, considerado amigo personal de Bush, telefoneó a altos cargos de la Casa Blanca en otoño para advertir sobre el desastre financiero en el que estaba la compañía.

El Gobierno de Estados Unidos no atendió las peticiones de ayuda de Lay. Bush defiende la ética de esta decisión, aunque en último término perjudicó a los accionistas, porque no les alertó sobre la situación real de la empresa. Por otra parte, y a la espera todavía de los resultados definitivos de la autopsia, la policía mantiene la tesis del suicidio en la muerte de Clifford Baxter, vicepresidente de Enron hasta mayo del año pasado.

Baxter se había lucrado enormemente con la venta de acciones, pero al mismo tiempo había criticado abiertamente algunas de las operaciones turbias de la compañía. Su abogado, Michael Levy, aseguró ayer que no tiene 'sospecha alguna de que este acontecimiento desafortunado haya tenido nada que ver con la investigación', a pesar de que Baxter figuraba entre los 29 acusados en las demandas contra la empresa y también iba a ser citado por alguna de las comisiones del Congreso.