La guerrilla quiere legalizar el 'impuesto revolucionario' en Colombia

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) estudiarían suprimir los secuestros si el Gobierno legaliza la Ley 002, emitida por esa guerrilla el 25 de abril de 2000, que liga el pago de impuestos a las fortunas superiores al millón de dólares. 'Es alucinante', reaccionó un observador. Los dirigentes rebeldes Andrés París y Simón Trinidad, que admitieron la existencia de empresas y personas que cumplen con la extorsión, justificaron su pretensión: se necesitan fondos para promover los cambios requeridos por Colombia.

Los dos mandos rebeldes declararon a un noticiero de televisión que la consecución de la tregua, cuya negociación se reanuda hoy, no debe abordarse con plazos fijos. La firma de una tregua antes del 7 de abril, incluyendo un alto el fuego y el cese de hostilidades, o sea de los secuestros, extorsiones y ataques brutales e indiscriminados, es el principal objetivo del acuerdo suscrito este domingo en la localidad de Los Pozos, a 800 kilómetros de Bogotá, por el Gobierno y la guerrilla más poderosa y antigua del continente.

Las declaraciones de los dos mandos insurgentes, posteriores al acuerdo, confirman la inconveniencia de entusiasmarse con el calendario de reuniones hacia la tregua, susceptible de fructificar o acabar como el rosario de la aurora. El eventual alto el fuego sería el primero desde el conseguido en 1984, durante el Gobierno de Belisario Betancur.

La conclusión del plazo dado para conseguir la tregua coincidirá con las vísperas de las presidenciales de mayo y, previsiblemente, cualquier decisión al respecto, y sobre la prórroga de la zona de distensión bajo control rebelde, cuya vigencia finaliza el 10 de abril, estará determinada en parte por esas elecciones y los discursos e intenciones de los candidatos.

El proceso de paz de hace tres años comenzó al calor de la campaña de 1998, año en que el opositor y conservador Andrés Pastrana se acercó al jefe de las FARC, Manuel Marulanda, Tirofijo, y atrajo las esperanzas de paz y el voto los electores. Pastrana cedió entonces más de la cuenta para asegurar su triunfo, según Álvaro Uribe, el candidato liberal independiente, contrario a la cesión de 42.000 kilómetros cuadrados a la guerrilla en el Caguán. Es probable que, con las variantes impuestas por las nuevas circunstancias, las FARC intenten influir de nuevo.

Independientemente de las dificultades hacia la tregua, su hipotética aplicación sería complicada, cuando no imposible, según la mayoría de los analistas, si es bilateral y quedan al margen del compromiso los demás actores de la violencia: el Ejercito de Liberación Nacional (ELN), otros dos grupúsculos guerrilleros y los paramilitares.

'Actores armados'

Ése es el criterio de Augusto Ramírez Ocampo, veterano negociador en los procesos de paz nacionales y de América Central, dos veces ministro y canciller con Betancur: 'Deben estar todos los actores armados'. Con la información disponible, la meta parece imposible porque, entre otros factores, las FARC se levantarían de la mesa de aceptarse en ella la inclusión de los paramilitares que les combaten a muerte con 8.000 hombres y armamento moderno.

Hacer una cruel contabilidad de qué fechorías han sido peores, si las de la guerrilla o las de los paramilitares, eso resultaría terrible', agrega Ramírez Ocampo en su despacho de Bogotá. '¿Quién ha hecho más secuestros, más matanzas, quien cultiva más coca? Uno tiene la impresión de que la guerrilla también ha convertido la actividad en un modus vivendi'.

El ex ministro señala que las FARC protegen la zona de distensión porque, entre otros beneficios, protegen 15.000 hectáreas de coca y 33 aeropuertos clandestinos, utilizados para transportar cocaína y armas. El 75% de los ingresos de los paramilitares procede del narcotráfico. 'Que entre el diablo y escoja'.

El acuerdo humanitario, la conclusión de los secuestros o los ataques a la población civil, no es fácil pero sí lo más factible en las actuales circunstancias. El Derecho Internacional Humanitario y los correspondientes protocolos de Ginebra señalan el camino: obligan, al ser de derecho imperativo, a terminar con los secuestros, las extorsiones, los atentados contra obras civiles y a respetar la vida de los vencidos y de los heridos.

La tregua también debería ser multilateral para ser efectiva, porque es impensable, según las fuentes consultadas, un acuartelamiento del Ejército, con 140.000 hombres, y de los 17.000 efectivos de la guerrilla de las FARC, mientras continúan activos los hombres del ELN, los escuadrones paramilitares, o las bandas del narcotráfico.