El presidente de Argentina anuncia un referéndum sobre el recorte de gastos

De la Rúa sigue de este modo los pasos de uno de los políticos con más posibilidades de llegar en un futuro a la Casa Rosada, el peronista José Miguel de la Sota, jefe de Gobierno de la provincia de Córdoba. El gobernador obtuvo el pasado 22 de julio un éxito rotundo en su territorio, al ganar con más del 70% de los votos la consulta popular que había convocado sobre la reducción del gasto de la política. El pionero De la Sota se propone convertir las dos Cámaras legislativas en una, con lo que los 133 diputados provinciales actuales quedarán en 70.

No cabe duda de que en una crisis económica tan desesperada como la que padece Argentina, donde la figura del político está profundamente desprestigiada, un plebiscito como el que plantea ahora De la Rúa tiene asegurado un resultado favorable. ¿Quién está en contra de reducir el número de legisladores y de funcionarios que viven de la política? 'Reducir el gasto es algo que hay que hacer, y punto. No hace falta preguntarlo a nadie', sentenciaba un connotado opositor al Gobierno.

En las últimas horas, el presidente De la Rúa ha querido dar la sensación a sus conciudadanos y a la comunidad financiera internacional de que esta vez Argentina hará los deberes. Ocurre que las tareas que reclaman el FMI y amplios sectores de la sociedad argentina no son las mismas. Son contrapuestas. De palabra, el primer mandatario ha optado por un discurso que debería satisfacer a los inversores. Ha prometido conducir personalmente la reforma integral del Estado, que incluirá transformaciones en el sistema tributario, la Seguridad Social, la Aduana, el programa de jubilados y las relaciones fiscales con las provincias.

El Gobierno tiene que lograr en las próximas semanas la aprobación del presupuesto para el 2002, que en virtud de la Ley de Déficit Cero conllevará un recorte de 6.000 millones de dólares (aunque el déficit real es muy superior). Para ello tendrá que eliminar partidas destinadas a aportes del Tesoro Nacional, a planes de empleo, a personal, al fondo docente, a la Seguridad Social y a los programas de los jubilados. Los trabajadores de este último sector han convocado para la semana próxima una huelga de 48 horas. Asimismo, el Ejecutivo necesitará el apoyo del Senado para un nuevo proyecto de ley de coparticipación federal de impuestos, pero se da la circunstancia de que en la Cámara alta los peronistas son mayoría, al igual que en los principales gobiernos provinciales.

Con los 8.000 millones procedentes del FMI, Argentina podrá garantizar las reservas internacionales y deberá ingeniar un todavía desconocido mecanismo de ingeniería financiera para repago o disminución de deuda. Se trata de fabricar un nuevo canje o recompra de parte de la deuda presidido por la voluntariedad. La deuda consolidada (nacional y provincial) asciende a 150.000 millones de dólares, es decir, un 52,8% del PIB. Los compromisos financieros más urgentes -amortiza-ciones de deuda de mediano y largo plazo- son de 4.500 millones de dólares en lo que queda de año, y de 16.800 millones para 2002, a los que hay que añadir otros 11.000 millones en intereses.

Otro de los aspectos más destacables del acuerdo con el FMI es la voluntad de iniciar negociaciones entre los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) con EE UU. Argentina suspira por la apertura de los mercados internacionales para sus productos y el Gobierno de De la Rúa ha reiterado sus críticas a las políticas proteccionistas de Estados Unidos y de la Unión Europea. Por su parte, Chile negocia por su cuenta con Washington un acuerdo de libre comercio, lo que es visto con recelo por Argentina y Brasil.