La oposición peronista bloquea el plan de ajuste fiscal del Gobierno argentino

La votación en el Senado del plan económico de emergencia que trata de poner en marcha el Gobierno argentino para evitar la suspensión de pagos ha quedado postergada sin fecha tras la decisión de la oposición peronista de enviar el proyecto de ley a la comisión de Presupuestos para introducir modificaciones. El aplazamiento de la aprobación legislativa de las medidas de ajuste provocó una reacción negativa de los mercados.

La Bolsa de Buenos Aires llegó a retroceder al inicio de la sesión un 3,15%, lo suficiente como para arrastrar al índice general de Madrid a caer un 2,47%, al borde de romper el mínimo anual del 7 de julio pasado. El Ibex 35 no tuvo tanta fortuna, retrocedió un 2,63% y sí marcó un mínimo anual. El mercado porteño se recuperó a última hora de la jornada, pero no sucedió lo mismo con el índice de riesgo que mide la desconfianza de los inversores en la capacidad de Argentina de pagar su deuda o de evitar la devaluación de su moneda. Este riesgo se encaramó por encima de los 1.400 puntos y así se mantuvo a pesar del avance bursátil.

La medida más impopular El principal escollo del llamado proyecto de déficit cero que enarbola el Gobierno, que pretende una disminución del gasto público de 1.500 millones de dólares este año y de 4.300 millones en 2002, es la severa reducción salarial que afectará, entre otros, a funcionarios y jubilados que ganan 500 pesos (95.000 pesetas) al mes. Ante la reticencia de un significativo sector de la Alianza gubernamental que reclama que el recorte entre en vigor a partir de los salarios de 1.000 pesos, el Partido Justicialista (peronista) no ha querido asumir la pesada carga de una medida profundamente impopular. Así, el PJ, que el pasado 16 de julio apoyó el plan de Cavallo y prometió equilibrar el presupuesto en aquellas provincias donde gobierna, decidió pedir cambios en el proyecto para no 'tocar salarios de los trabajadores y jubilados', según fuentes del peronismo.

El Ministerio de Economía sostiene que no se puede subir el tope de 500 a 1.000 pesos mensuales si no mejora la recaudación impositiva. Uno de los gobernadores que respaldó el plan fue el de la provincia de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, que ayer presentó los bonos patacón, con el que pagará parte de los salarios de los afectados por el ajuste.

Antes de su aprobación, el séptimo plan de De la Rúa desde que asumió el poder en diciembre de 1999 aparece seriamente tocado. Los trabajadores de la Administración de la capital argentina realizaron un paro de 24 horas y se manifestaron en diversos puntos de la ciudad. Por su parte, los empleados del Congreso ocuparon pacíficamente las instalaciones del Legislativo para manifestar su protesta. Además, se prevé para el martes próximo piquetes en los principales 50 puntos de las carreteras del país en reclamo de la derogación del recorte salarial.

Los últimos retoques que el Gobierno dio al plan de ajuste suponen un recorte salarial mucho más profundo al previsto inicialmente. Habrá un rebaja de hasta el 39% para los directores y máximas autoridades de los organismos descentralizados, bancos oficiales, Fuerzas Armadas y de seguridad, y entes reguladores. Ningún funcionario del Estado o contratado podrá cobrar más de 5.900 pesos mensuales, sueldo que percibe en mano el actual jefe del gabinete de ministros, Chrystian Colombo, después de autorebajarse sus ingresos en un 34%.

Asimismo, el Ejecutivo dice estar dispuesto a encarar una agresiva campaña para detectar los llamados ñoquis (empleados públicos que cobran sin trabajar) en el aparato del Estado. A partir de agosto, los responsables de cada oficina o departamento estatal tendrán que certificar mes a mes con una declaración jurada qué trabajadores cumplieron sus funciones y quiénes no.