Yugoslavia prepara la extradición de Milosevic a La Haya

Washington condiciona su ayuda económica a Belgrado a que la extradición sea antes del día 29

El Gobierno yugoslavo discutía anoche la adopción de un decreto ley que permite que ciudadanos yugoslavos sean entregados a terceros países o a tribunales internacionales para ser juzgados, un texto legal en cuyo punto de mira está el encarcelado ex presidente Slobodan Milosevic, acusado por el Tribunal de La Haya de genocidio y crímenes de guerra. El Ejecutivo federal ha recurrido a la fórmula del decreto ley después de tener que retirar el proyecto del Parlamento debido al enconado apoyo prestado por los socialistas montenegrinos al que fuera su líder.

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Los dirigentes de la coalición reformista DOS, que amalgama a una veintena de partidos y gobierna desde que Milosevic fuera derrocado en octubre de 2000, tenían previsto que el decreto ley entrara en vigor hoy mismo. En declaraciones a la emisora de radio B-92, el ministro de Interior federal, Zoran Zivkovic, reconoció que el decreto 'abre una vía' para la entrega de Milosevic al Tribunal Penal Internacional para los crímenes en la antigua Yugoslavia, con sede en La Haya.

El pasado jueves, el Parlamento yugoslavo no pudo ni siquiera debatir una ley que permitiría la extradición de ciudadanos yugoslavos, y cuyo principal objetivo es la entrega de Milosevic al Tribunal Internacional. El problema era el Partido Socialista Popular (SNP) de Montenegro, una pequeña formación que insistía en que el ex presidente tiene que ser juzgado en Yugoslavia. La postura de SNP levantó la ira de la coalición reformista DOS en el Gobierno y que representa a la mayoría de los 10 millones de habitantes de Serbia, mientras que el SNP, sólo tuvo los votos del 30% de los montenegrinos, país de 640.000 habitantes. El sistema de cuotas autonómicas en el Parlamento federal permitió que el SNP impidiera con sólo 29 diputados la votación de la ley.

El Partido Socialista de Serbia (SPS), del cual todavía Milosevic es presidente, ha calificado el decreto como un 'golpe a la democracia' y ayer fustigó duramente al Gabinete reformista por su postura conciliadora con La Haya.

Al igual que ocurriera en vísperas de la detención de Milosevic el pasado abril, el Gobierno de Zoran Djindjic tiene prisa por enviar una señal a Occidente de que la nueva Yugoslavia está dispuesta a colaborar con la justicia internacional, especialmente porque el próximo día 29 se reunirá en Bruselas una conferencia de países donantes en la que Belgrado podría obtener una primera ayuda de 1.200 millones de dólares -unos 222.000 millones de pesetas- aunque para ello tendrá que convencer a las naciones participantes y especialmente a la nueva Administración de EE UU. 'Ahora mismo nuestra participación en la conferencia es muy improbable', dijo ayer un alto responsable estadounidense. 'Todavía no hemos observado por parte de Belgrado el tipo de cooperación con el TPI que deseamos y en esas condiciones no estaremos en Bruselas', agregó.

Si los yugoslavos fracasan en Bruselas, se encontrarían con que los europeos les entregarían únicamente 500 millones de dólares -unos 92.500 millones de pesetas-, una cantidad insuficiente para la economía yugoslava, prácticamente paralizada tras los bombardeos de la OTAN en 1999 y el bloqueo económico impuesto contra el régimen de Milosevic.Mientras, los abogados de Milosevic, que engloban ya a 11 despachos diferentes, encabezados por el famoso penalista Toma Fila, trabajaban ayer contrarreloj para evitar que a su cliente le pueda ser aplicado el decreto preparado por el Gobierno. Según publicó el diario belgradense Blic, los letrados de Milosevic se disponían a ofrecer una fianza de 250 millones de marcos alemanes -unos 21.000 millones de pesetas- para obtener la liberación del ex dirigente a la espera de su juicio. La solicitud debía ser realizada ante el mismo tribunal que el pasado 14 de junio rechazó una petición similar, señalando que la suma propuesta era muy inferior a la fortuna amasada por Milosevic durante sus años en el poder. Los abogados, además, han solicitado hace unos días la hospitalización debido a unos posibles problemas cardiacos del ex mandatario.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0022, 22 de junio de 2001.

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