Ningún municipio de Almería se ha acogido a las ayudas para facilitar alojamientos a inmigrantes

El decreto de ayudas para construir alojamientos para temporeros, nacionales o extranjeros, se dirigía inicialmente a 42 municipios de Jaén, Huelva, Almería, Córdoba y Granada con una gran estacionalidad en sus ciclos de producción agraria. Sin embargo, sólo 12 de estos ayuntamientos y la Diputación de Granada han presentado propuestas para acogerse a las medidas dentro del plazo previsto inicialmente, que expiraba ayer. Paradójicamente, las localidades donde existe un déficit mayor como las de Almería o, en menor medida, las onubenses de Almonte o Rociana del Condado no se han interesado por las propuestas.

El rechazo de los alcaldes de Almería, sin embargo, ha motivado que el Gobierno andaluz amplíe el plazo hasta el próximo 31 de diciembre con la intención de desbloquear sus reticencias. 'Hemos ampliado el plazo porque pensamos que podemos incorporar a algunos municipios almerienses próximamente, soy bastante optimista', indica la consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez.

Hasta ahora, los contactos entre los técnicos de Obras Públicas y las 17 instituciones locales (se han presentado cuatro ayuntamientos no incluidos en el ámbito del decreto) que ya han mostrado interés en acogerse a las ayudas se han centrado en decidir la ubicación de los suelos públicos donde se construirían los alojamientos. Obras Públicas calcula que con las solicitudes presentadas se ejecutarían unas 1.100 plazas para residencias de temporeros. Tanto los terrenos como la construcción de las viviendas serían asumidos por la Empresa Pública del Suelo de Andalucía o las sociedades municipales.

El decreto está también abierto a la iniciativa particular, pero hasta ahora sólo las instituciones públicas se han planteado recurrir a las ayudas, aunque la consejera confía en que, tras las primeras actuaciones, se sumen promotoras privadas. 'La obligación de prestar alojamiento a los temporeros es del empresario y la Administración está actuando porque se detectó una gran deficiencia de vivienda en este colectivo', explica Gutiérrez quien recalca que las ayudas diseñadas por Junta y Gobierno buscan 'facilitar al empresario el cumplimiento de la ley'.

El decreto, aprobado el pasado 9 de enero, fue consensuado entre las Administraciones central y autonómica después de los sucesos de El Ejido, con el objetivo de remediar las situaciones de marginalidad en la que viven temporeros extranjeros. Un estudio encargado por la Consejería de Obras Públicas revelaba que la situación en la comarca del Poniente y Níjar era especialmente grave y cifraba el déficit de viviendas para inmigrantes en más de 7.000. Un reciente informe del Defensor del Pueblo andaluz estimaba que entre el 60% y el 80% de los alojamientos ocupados eran infraviviendas.