La Junta dotará el plan integral de inmigración con 15.000 millones

Alfonso Perales desgranó ayer, ante la comisión parlamentaria de coordinación y régimen de las administraciones públicas, las directrices del plan integral de la inmigración, que contará con una dotación presupuestaria anual de 15.000 millones de pesetas. El consejero de Gobernación destacó que significa un incremento de 4.000 millones de pesetas respecto a lo destinado por la Junta de Andalucía a políticas migratorias en el año 2000, aunque la representante del PP, Carmen Crespo, aseguró que había sido una cifra inferior (6.877 millones), según datos facilitados por el propio Gobierno andaluz 'sin entrar en detalles'.

A pesar de algunas discrepancias, tanto la representante del PP como el portavoz de IU Antonio Romero mostraron su disposición a consensuar el plan de la inmigración, el primero que impulsa la Junta de Andalucía y que contiene 175 medidas concretas de actuación. Entre las más novedosas, destaca la presencia de intérpretes en centros sanitarios a través de acuerdos con organizaciones no gubernamentales, la creación de un Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones y de una comisión de migraciones en el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales.

El plan dedica especial atención a las inmigrantes víctimas de la explotación sexual o de la violencia de género, un fenómeno casi inapreciable aún en Andalucía, que es un sitio de tránsito hacia otros puntos de España y Europa y donde la inmigración es mayoritariamente masculina, según el consejero. 'No hay apenas violencia de género porque hay pocas mujeres, y las que vienen pertenecen a redes de prostitución', explicó. Perales dijo que las dos mafias dedicadas al tráfico sexual -una senegalesa y otra nigeriana- sólo utilizan Andalucía como lugar de paso.

El consejero aprovechó la comparecencia para emplazar al PP a 'abordar conjuntamente la política de alojamientos para inmigrantes' con el objetivo de implicar a los ayuntamientos para que cedan suelo. 'No se ha encontrado un sistema de construcción sin soporte físico en la tierra', dijo con sorna Perales para aludir a la negativa municipal a facilitar terreno para construir viviendas, en respuesta a la crítica de Carmen Crespo sobre la inactividad autonómica a para solucionar la demanda de alojamientos.

La negativa de las corporaciones locales de Almería, tanto del PSOE como del PP, está bloqueando el desarrollo del decreto de alojamientos aprobado por el Gobierno andaluz con la intención de impulsar la construcción de viviendas en municipios donde reside un gran número de inmigrantes.