El Gobierno andaluz implicará a los ayuntamientos en la gestión del primer plan integral de inmigración

Andalucía es, tal vez, el mejor laboratorio natural para estudiar el fenómeno de la inmigración en España. Es zona de tránsito en las costas gaditanas, donde son necesarias actuaciones de acogida y asistencia inmediata y punto de destino en algunas comarcas de Almería o Huelva, donde las demandas tienen más que ver con la inserción social y laboral.

Intervenir desde las administraciones ante un fenómeno heterogéneo, mutante y creciente no es fácil, pero la pasividad propicia la marginación de los recién llegados y las actitudes xenófobas de los receptores. A los sucesos de El Ejido de 2000 contribuyó, en parte, la dejación de las distintas administraciones a la hora de actuar para facilitar la integración de miles de inmigrantes que comenzaron a llegar en los ochenta, y a amortiguar el choque con la sociedad de acogida.

La Junta pretende abordar, por vez primera, de una forma integral el fenómeno de la inmigración en la comunidad, donde estima que residen unos 86.500 inmigrantes no comunitarios, con o sin papeles. Aunque representan el 11% del total español, ni siquiera significan el 1,2% de la población andaluza, pero en algunas localidades de Almería superan el 10%, lo que evidencia la desigual distribución geográfica del colectivo.

La Consejería de Gobernación, que coordina las políticas migratorias, ha elaborado ya el documento marco que recoge las directrices básicas del plan, que será debatido en el Foro Andaluz de la Inmigración y en el Parlamento antes de que el Consejo de Gobierno le dé luz verde. Una de las novedades que contempla el documento es la descentralización de la gestión de las medidas del plan. La Junta pretende implicar a los ayuntamientos en su aplicación a través de la firma de convenios singulares.

Planificación

El texto será el instrumento de planificación que recogerá todas las medidas necesarias para responder a los retos que plantea comenzar a atender una sociedad que camina hacia el mestizaje, como la andaluza. Engloba medidas en materias laboral, sanitaria, educativa, vivienda, recursos sociales, formación e investigación, cultural, sensibilización social y cooperación al desarrollo con los países de origen de los inmigrantes. La financiación del mismo, aún sin cerrar, parte de de lo invertido en 2000 políticas relativas a la inmigración en Andalucía: 11.000 millones de pesetas. Gobernación persigue, además, que en 2002 el plan disponga de su propio programa en el Presupuesto de la Junta.

El documento marco señala que la inmigración debe ser tratada como 'un tema de interés general' y que la Junta 'no puede dar la espalda' ante las situaciones de precariedad y exclusión social de los inmigrantes, con independencia de su situación administrativa. Los redactores puntualizan que, obviamente, no se vulnerará la Ley de Extranjería vigente, aunque tratarán de buscar los resquicios que permitan amortiguar las diferencias en la atención de los inmigrantes que no tengan papeles respecto a los regularizados. 'La exigencia de acogida, atención e inserción social para hacer posible la integración no puede verse limitada por razones administrativas ya que viene dada por un imperativo moral de solidaridad y de respeto a los derechos humanos', reza el texto.

Las tres líneas que definen el plan son su carácter integral, flexible para responder a las características nuevas e interactivo respecto a la sociedad de acogida: 'Ello significa que la sensibilización social sobre el fenómeno de la inmigración, el rechazo del racismo y la xenofobia y la exaltación del valor de la interculturalidad deben estar presentes en el plan'. La Junta, además, plantea una participación más activa de las regiones en el diseño de la política europea en materia de inmigración a través del comité de las regiones.

El documento se inspira en una serie de principios como la igualdad (en derechos, obligaciones y oportunidades de los inmigrantes), la participación social, la pluralidad cultural y la normalización. A propósito de ésta, se recoge en el texto: 'Las medidas que el plan contemple no pueden ser excepcionales y/o distintas a las que desarrollan los poderes públicos ordinariamente. No se trata de crear una red paralela para la prestación de los servicios'.