El PSOE propone que el Congreso abra un debate sobre la eutanasia

'El debate sobre la eutanasia está abierto y el Congreso no puede estar alejado de lo que preocupa a la sociedad', afirma el diputado Javier Barrero, portavoz de los socialistas en la Comisión de Justicia. Mañana presentará en el registro de la Cámara baja una propuesta para crear una subcomisión de estudio que, en el plazo de seis meses, presente sus conclusiones. 'Se trata de avanzar hacia la legalización, pero antes queremos un debate tranquilo', advierte Barrero. Hoy recabará el apoyo de los demás grupos parlamentarios.

Los socialistas creen que la legalización de la eutanasia en España, como en muchos otros países europeos, es imparable si se cumple el principio de que el legislador, en democracia, debe hacer legal lo que ya es real entre una mayoría significativa de sus representados. Pero no se hacen ilusiones sobre el ritmo de esa legalización. Una comisión semejante a la que va a proponer mañana en el Congreso el diputado Barrero fracasó en el Senado en la legislatura pasada. Los socialistas reconocen la dificultad para sumar al Gobierno y al PP a un consenso sobre la eutanasia, aunque Barrero no descartó ayer esa posibilidad. 'La eutanasia es un delito y el Gobierno ni se plantea su despenalización', dijo la ministra de Sanidad, Celia Villalobos comentando la reciente legalización acordada por Holanda.

'Nuestro deseo es conseguir el acuerdo, al menos para que la subcomisión realice su trabajo y se abra un gran debate sereno', replicó ayer Barrero. Menos optimista es su compañera de partido Coral Rodríguez Fouz. Cuando era senadora por Guipúzcoa en la pasada legislatura -ahora es candidata por su provincia en las eleccciones vascas del próximo día 13- fue la portavoz del PSOE en la Comisión Especial de Estudio sobre la Eutanasia y el Derecho a una Muerte Digna, y recuerda con disgusto cómo se frustró el empeño. 'El PP tuvo una premeditada estrategia para ralentizar el debate a la espera de la desaparición del interés que despertó la muerte de Ramón Sampedro', dijo en alusión al suicidio asistido del tetrapléjico gallego Sampedro, que causó una honda impresión en la sociedad española.

En casi dos años de trabajo -entre marzo de 1998 a diciembre de 1999- la comisión del Senado sólo desarrolló una mínima parte de su programa porque los grupos reclamaron la presencia de 120 comparecientes, de los cuales más de la mitad lo fueron a propuesta del Grupo Popular, entre otros el cardenal Antonio María Rouco y el actor tetrapléjico norteamericano Christopher Reeves. Al final, hubo 13 sesiones de trabajo y comparecieron 38 personas, entre otras el bioquímico Santiago Grisolía; el profesor de ética Diego Gracia; el presidente de la Sociedad Española de Calidad Asistencial, Octavi Quintana; el presidente de la Sociedad de Geriatría y Gerontología José Ribera; el presidente de la Sociedad de Cuidados Paliativos, Marcos Gómez Sancho; la vicepresidenta de la Asociación para el Derecho a Morir Dignamente, Juana Teresa Betancor; el filósofo Xavier Rubert de Ventós, y el presidente del Comité Científico de la Sociedad Internacional de Bioética, Marcelo Palacios.

'Intentamos avanzar con serenidad en una discusión que levanta pasiones, en la que se adoptan con gran facilidadad posturas dogmáticas que resultan irreconciliabres', dijo Coral Rodríguez Fouz. 'Unos y otros deberíamos mantener con nuestras convicciones una relación de mayor distancia', aconsejó el filósofo Rubert de Ventós.

Todos subrayan la calidad y el rigor de las intervenciones ante la comisión, pero pocos confían ahora en en que esa serenidad de los especialistas -filósofos, médicos, bioéticos, penalistas, constitucionalistas- vaya a servir para avanzar en el debate político. La ex portavoz socialista en la comisión especial del Senado señala en concreto a un sector confesional del PP como el principal obstáculo. Juan Teresa Betancor, profesora de Bioética de la Universidad de Barcelona además de vicepresidentra de la Asociación para el Derecho a Morir Dignamente, advierte que más que un problema de partidos, lo es de personas. En su asociación hay militantes de PP colaborando con entusiasmo y sacrificio.

El problema, entonces, es el 'constantinismo' que practica algún grupo político. El término, que hace alusión al emperador romano Constantino, que convirtió al cristianismo en la religión oficial del imperio tras su conversión, fue acuñado por el diputado de Esquerra Republicana de Catalunya Joan Ridao durante el debate de una propuesta de su grupo en la que se pedía la despenalización de la eutanasia al pleno del Parlamento catalán. Su crítica más acerada fue para 'quienes quieren imponer criterior religiosos desde el poder político con gran intolerancia'.

Las unidades del dolor

Un debate semejante se celebró también en el Congreso el mes pasado durante el la discusión de una proposición de ley con el mismo objetivo despenalizador. Presentada por IU e IC, contó con el rechazo del Grupo Popular y de CiU, y la abstención de los socialistas, aunque se derivó hacia un compromiso relevante: mejorar las unidades del dolor. Siete provicias aún no disponen de ese servicio, aunque España es, después del Reino Unido, el país europeo con un mayor número de unidades, unas 200, la mitad en hospitales y la otra mitad de atención a domicilio.