Los indígenas mexicanos denuncian que la ley sobre sus derechos "nace muerta"

La mayoría parlamentaria argumentó que las cautelas aprobadas por el Congreso evitarán los previsibles conflictos legales y jurídicos de las nuevas autonomías, los choques de jurisdicción entre las autoridades federales y las indígenas derivados de las lagunas observadas en el proyecto de ley sometido a la consideración de las cámaras, finalmente aprobado la noche del sábado. Ese proyecto fue redactado en 1996 por la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), integrada por los partidos con representación parlamentaria, que en 1995 recibieron el encargo de procurar una solución negociada del alzamiento zapatista de 1994. Su actual presidente, el diputado opositor Félix Castellano, pidió al jefe de Gobierno, Vicente Fox, que vete la ley. 'Debe ser consecuente en sus acciones porque [la ley aprobada] no corresponde a la iniciativa que se envió al Congreso'.

Las enmiendas introducidas a la iniciativa debatida, al proyecto elaborado por la Cocopa, que interpretó los acuerdos de San Andrés, firmados por el Gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000) y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), han suscitado airadas reacciones. Entre los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), centro-izquierda, con 52 escaños en una Cámara de 500, Partido del Trabajo (PT), ocho, y la constelación de grupos civiles afines al EZLN, se habla de 'estado de preguerra', de 'reinicio de hostilidades', de 'traición' y de 'duelo'.

'Se lavan las manos'

Martí Batres, jefe de los escaños del PRD en la Cámara baja, denunció la aprobación de una reforma indígena puramente declarativa. 'Se habla de autonomía, pero no establece sus características. ¿Quién le dará seguimiento a eso? ¿Quién la hará cumplir? El PRI y el PAN se lavan las manos'.

Los 386 votos del gubernamental Partido de Acción Nacional (PAN), conservador, y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en la presidencia de la República de México durante 71 años hasta el pasado 2 de julio, derrotaron a los 60 diputados del PRD y del PT. Quedó aprobada una ley que, después de recibir el visto bueno de al menos 16 de los Parlamentos de los 32 Estados de México, modificará la Constitución reconociendo el derecho de los pueblos originarios de México al autogobierno político, social y económico, a los usos y costumbres en la Administración de justicia, siempre que no vulneren el marco de la Carta Magna, o hagan peligrar la unidad territorial y política de México.

'La ley es un acierto, y contiene muchos de los mecanismos de equilibrio que se requieren para garantizar los derechos y culturas indígenas, pero para no violar los derechos humanos y legales de todos los ciudadanos', opina el analista Jorge Fernández. Portavoces del PRI y el PAN admitieron que la ley es perfectible, que deberá ser reglamentada por los Congresos locales, la mayoría controlados por el PRI, de acuerdo a las propias necesidades. Subrayan que no fue concebida para satisfacer las exigencias políticas del subcomandante Marcos, sino pensando en todo México tratando de atender las complejas y diferentes prioridades de las 57 etnias nacionales, que comparten, no obstante, los índices de pobreza más altos.

Siempre optimista, el presidente mexicano dijo en su programa radial Fox en vivo, Fox contigo, que la ley aprobada por el Congreso 'marca el término de lo que fue el conflicto armado'. Las armas callaron en Chiapas el 12 de enero de 1994, 12 días después de la insurrección zapatista, pero el enquistamiento del conflicto apenas afecta el curso de México pero impide su normalización política. El EZLN estableció tres condiciones para reanudar las negociaciones de paz: la liberación de los presos zapatistas, el desalojo de siete campamentos militares en Chiapas, prácticamente cumplidas, y la conversión de la aprobación del proyecto de ley redactado en 1996 por la Cocopa. Sólo aceptaría, anunció entonces, modificaciones de carácter 'técnico-jurídico'.