Fox rectifica y pide al Congreso que revise la ley sobre los indígenas

El Gobierno, que insistió en todo momento en su voluntad de diálogo, advirtió de que la ley aprobada por el Congreso 'deja a un lado' aspectos en los que 'deberían buscarse las vías políticas para lograr los avances respectivos', según el comunicado de Fox leído por Gálvez.

La crisis de Chiapas, según la mayoría de los análisis, atraviesa un callejón sin salida. Contrariado, acentuándose las viejas diferencias entre el Ejecutivo y el partido oficial, Diego Fernández de Cevallos, jefe de los senadores del gubernamental Partido de Acción Nacional (PAN), conservador, demandó al presidente 'que nos respete'. 'Yo le invito a que más que preocuparse por la calidad de nuestro trabajo se comprometa, como se ha comprometido, a atender las demandas de los indígenas con políticas públicas'.

La mayoría parlamentaria, incluido el PAN, negó a Fox facultades para vetar la ley porque se trata de una reforma constitucional aprobada por las dos terceras partes del Congreso. Manifestantes prozapatistas se sumaron ayer a las marchas mexicanas del Primero de Mayo denunciado que la ley no escamotea los mecanismos legales para ejercer el autogobierno.

El subcomandante Marcos anunció el domingo la ruptura de todo tipo de contactos con el Gobierno al negar validez a una ley que, tras su ratificación por al menos 16 de los 31 Estados mexicanos, elevará a rango constitucional los derechos y culturas de los 10 millones de indígenas, el 10% de la población de México, la más pobre. Traiciona, protestó Marcos, el contenido del proyecto de ley redactado en 1996 por la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), integrada por representantes de los principales partidos parlamentarios. Esa comisión resumió en la iniciativa los Acuerdos de San Andrés, firmados aquel año por el Gobierno de Ernesto Zedillo (Acuerdo 1994-2000), y los zapatistas. Las enmiendas de fondo introducidas por esa presidencia condujeron al abandono de la mesa de negociaciones del EZLN.

Los dos partidos mayoritarios, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y el PAN, subrayan que la ley es buena y perfectible, y evitará choques de jurisdicción, y agravios comparativos entre los indígenas y el resto de los mexicanos. El alcance de la libre determinación y de la autonomía reconocida en la ley federal, agregaron, deberá ser definido, de acuerdo a sus necesidades y circunstancias, por los Congresos locales de los 31 Estados, domicilio de las 57 etnias, algunas integradas por más de un millón y medio de personas y otras por apenas medio millar.

La complejidad del problema indígena mexicano es de tal envergadura que difícilmente habrá consenso, no sólo en el Congreso sino en el resto de las fuerzas sociales, sobre la demarcación de los territorios originariamente pertenecientes a las etnias, muchos de ellos hoy en otras manos, o sobre los límites de la autonomía política, económica y social, y de los usos y costumbres ancestrales de las diferentes comunidades. El gobernador de Chiapas, el independiente Pablo Salazar, ganador de las elecciones del pasado mes de agosto en coalición con el PAN y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), rechazó la ley, y anticipó cuchilladas en el Congreso local cuando sea enviada a su consideración. El obispo del empobrecido Estado sureño donde en 1994 se alzó el EZLN, declaró, por su parte, que 'el Congreso (federal) ya legisló y cumplió una de las condiciones que habían pedido . Que no sea totalmente satisfactoria para ellos es punto y aparte'.