Los zapatistas no reanudarán el proceso de paz para Chiapas

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) anunció ayer que no reanudará el proceso de paz en Chiapas, suspendido en 1996, porque la ley sobre derechos y culturas indígenas aprobada por el Congreso de México 'traiciona' el proyecto de ley redactado por la comisión parlamentaria que resumió hace cinco años los Acuerdos de San Andrés, suscritos entre el Gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000) y la guerrilla. Un comunicado firmado por el subcomandante Marcos dice que el EZLN seguirá en 'resistencia y rebeldía'

Marcos explicó que la ley aprobada no hace sino impedir el ejercicio de los derechos de los indígenas. El Gobierno, sin mayores precisiones, reaccionó diciendo que 'respeta' la decisión del grupo insurgente.

'En el Congreso deciden los senadores y diputados, no Marcos', declaró Diego Fernando de Cevallo, jefe de los senadores del oficialista Partido de Acción Nacional (PAN), conservador. El rechazo de los zapatistas a la ley aprobada por el Senado, el miércoles, y por la Cámara de Diputados, la noche del sábado, era previsible pues todas las fuerzas que apoyan a los rebeldes habían denunciado que el documento que eleva a rango constitucional los derechos de los diez millones de indígenas, el 10% de la población mexicana, no establece los mecanismos para ejercerlos, y acota sustancialmente el proyecto de ley redactado en 1996 por la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa).

El Gobierno de Zedillo introdujo en 1996 varias enmiendas al resumen de los acuerdos de San Andrés efectuada por esa comisión, y el EZLN abandonó la mesa de negociaciones denunciando incumplimientos. El proyecto de ley fue enviado de nuevo al Congreso por el presidente, Vicente Fox, pocos días después de su investidura en diciembre del pasado año, y aprobado finalmente por las dos Cámaras aunque con cambios que ha rechazado el EZLN. Los dos partidos mayoritarios de México, el PAN, conservador, y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), sacaron adelante la ley, y justificaron los cambios subrayando que se trata de evitar agravios comparativos, problemas de jurisdicción y que los 32 Congresos de los 32 Estados de México, incluido el Distrito Federal, serán las instancias encargadas de desarrollar la ley de acuerdo con sus propias necesidades. La ley, según denuncia el EZLN, constituye una 'grave ofensa' a los pueblos indios, y no es 'ni lejanamente' parecida a la ley Cocopa. El Gobierno 'sólo simuló' hacer suya esa ley, añade la guerrilla.

Desde el propio Ejecutivo han surgido opiniones contrarias a los términos en que fue aprobada la ley. Xochitl Gálvez, responsable de la Oficina para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de la Presidencia de la República, admitió que 'hay un enorme desencanto. Fueron muchos años trabajando y muchas las expectativas en torno a la ley indígena'. Una de las deficiencias del documento, según su criterio, es la territorial, aspecto no determinado claramente en la ley, y la calificación de las comunidades indígenas como 'entidades de interés público', no de 'derecho público'. Esa calificación, agregó, debe corresponder al poder federal, no a los diferentes Estados.