El Senado de México aprueba la ley que reconoce los derechos de 10 millones de indígenas

El Senado mexicano aprobó por unanimidad un proyecto de ley, de carácter histórico, que prohíbe la discriminación de los diez millones de indígenas mexicanos, míseros entre los 40 millones de compatriotas pobres; reconoce constitucionalmente sus derechos y culturas, y obliga al Gobierno a otorgarles recursos y promover políticas de desarrollo. El texto, no obstante, se prestará a dobles interpretaciones y acota el alcance de la autonomía establecida en el proyecto redactado en 1996 por la comisión parlamentaria, que resumió los acuerdos de San Andrés Larrainzar.

La reforma aprobada por el Senado en la noche del miércoles modifica cinco artículos constitucionales, agrega cuatro disposiciones transitorias sobre la representación política de los indígenas y otras cuestiones y deberá ser refrendada por la Cámara de Diputados, y después, reglamentada por los Congresos de los 31 Estados de México, y su Distrito Federal, sede de la alcaldía de Ciudad de México. Queda por ver si el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) acepta, para reanudar las conversaciones de paz en Chiapas, suspendidas hace cinco años, las correcciones incorporadas al proyecto de ley de 1996 por el gubernamental Partido de Acción Nacional (PAN), conservador, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y el Partido Revolucionario Democrático (PRI), izquierda, que votó a favor con reservas al considerarla incompleta.

El proyecto de ley concede una amplía autonomía a las 57 etnias mexicanas, que podrán establecer sus formas de organización social, política, económica y cultural, aplicar justicia de acuerdo a sus usos y costumbres y disfrutar de sus recursos naturales. Esa libre determinación y disfrute no podrá, sin embargo, trascender los límites impuestos por la Carta Magna.

Una de las enmiendas que conducirá a la polémica es aquella que cambia el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de 'derecho público' por el de comunidades de 'interés público'. Los 109 senadores asistentes aprobaron cautelas para evitar que la ley abra el paso a reclamaciones independentistas, a problemas de jurisdicción entre las autoridades federales e indígenas, o a choques por la propiedad de tierras.

La reacción del dirigente indigenista Luis Hernández permite, sin embargo, anticipar objeciones a una resolución que, pese a sus imperfecciones, representa un avance sustancial respecto a la marginación del mundo indígena. Si bien la reforma le otorga derecho, también 'los recorta, lo que impide que se lleve a la práctica', manifestó Hernández. Tremendamente complejo el problema indígena, los diferentes Estados mexicanos deberán adecuar sus legislaciones al contenido de la ley en ciernes.

Condiciones zapatistas

Su aprobación en los términos redactados hace cinco años, salvo correcciones técnico-jurídicas que no le desvirtúen, fue una de las tres condiciones del EZLN para volver a la mesa de negociaciones, que abandonó denunciando el incumplimiento de los acuerdos de San Andrés

Todavía pronto para hablar de la trascendencia de los cambios aprobados por el Senado, pues algunas interrogantes permanecen sin respuesta. La Constitución y la integridad territorial, y las garantías individuales, sobre todo las de las mujeres, se perfilaron en el hemiciclo como diques al derecho consuetudinario reclamado por el indigenismo. Las reformas redactadas en 1996, comentó días antes a este periódico César Augusto Santiago, diputado del opositor PRI, 'establecerían de derecho dos clases de ciudadanos: los ciudadanos mexicanos y los ciudadanos mexicanos indígenas. ¿Es pertinente esa distinción en la ley suprema de la nación?'.

El legislador no descartaba que un grupo de ciudadanos se definiera como indígena sujeto de derecho colectivo y, 'en consecuencia, autoproclame su autonomía en las tierras y el territorio que deseen'. 'Con esto basta para que ese autoproclamado pueblo indígena autónomo tenga su propio sistema de gobierno, su sistema judicial, su modelo educativo, su sistema electoral y sus medios de comunicación'. Impedir ese tipo de conflictos ha sido el norte seguido por los diputados del PAN y del PRI, y también del PRD, más audaces en el diseño de la libre determinación del 10% de la población.

El reconocimiento constitucional de los usos y costumbres tal como aparecía en el proyecto de ley enviado al Congreso implicaba, según sus críticos, el reconocimiento de derechos originarios, pero también la perpetuación de abusos o aberraciones cometidos 'de buena fe'. Todos coinciden en la necesidad de respetar la tradición cuando no vulnere los derechos universales.

Nadie rechaza en México hacer justicia con los indígenas, despojados, humillados y tratados como animales durante siglos, víctimas de la ausencia de políticas integradoras y de un racismo todavía vigente. Las divergencias sobre el alcance de la autonomía son manifiestas, y los defensores del proyecto de ley original argumentaron que, en su conjunto, vindicaba y abona las cuantiosas deudas pendientes. Sus adversarios, acusan, esconden una animadversión hacia el indígena detrás de los reproches legales.