México y sus indios
La aprobación final por el Parlamento mexicano de la Ley de Derechos Indígenas, sobre la que pivota la pacificación de Chiapas, puede convertirse en papel mojado tras la modificación de aspectos sustanciales del texto enviado a las Cámaras por el presidente Vicente Fox. Los destinatarios implícitos de la ley, los rebeldes zapatistas, que habían hecho de su integridad condición básica de la reanudación del diálogo con el Gobierno, guardan un sepulcral silencio. El Congreso Nacional Indígena, que agrupa a la mayoría del medio centenar largo de etnias del país, anuncia su contundente rechazo y una jornada de movilización para mañana.
Las objeciones de numerosos sectores del legislativo al texto original, que recogía los acuerdos de San Andrés -firmados entre el Gobierno y la guerrilla en febrero de 1996 y nunca puestos en práctica-, quedaron patentes el mes pasado con ocasión de la multitudinaria procesión de los zapatistas a la capital de México desde su feudo en la selva Lacandona. Tras un tenso tira y afloja, una comisión de diputados escuchó las legítimas aspiraciones de los indios mexicanos, un 10% de la población arrojado desde siempre a la cuneta de la historia.
La ley aprobada por el Congreso, con la oposición del izquierdista Partido de la Revolución Democrática, tras un largo debate y al filo del final del periodo de sesiones, está peligrosamente descafeinado. Deja a los diferentes Parlamentos estatales, la mayoría dominados por el PRI, la interpretación del derecho a la autonomía de los pueblos indios y remite a disposiciones secundarias el desarrollo concreto de puntos que las comunidades indígenas consideran fundamentales para sus intereses.
El panorama político mexicano ha cambiado radicalmente con la elección de Fox a la presidencia y el final de 70 años de monopolio priísta. Este vuelco motivó, entre otras cosas, que los zapatistas entendieran que la insurgencia armada carecía de sentido y propició su sustitución por la guerra mediática que el subcomandante Marcos ha capitaneado brillantemente. Pero el nuevo Gobierno haría un flaco favor al país escudándose en el indudable avance de que por primera vez el Parlamento haya reconocido un atisbo de dignidad a diez millones de personas. Si la ley indigenista aprobada pretende mediante subterfugios escamotear el disfrute de una justicia elemental, no servirá para nada. Y la actual sociedad mexicana no está para cambios cosméticos.
