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Editorial:

El voto del consumidor

El consumidor español ha empezado a hacer valer sus derechos. Y a mostrar su fuerza. Nadie le ha pedido su opinión, pero su voz ha sonado fuerte y clara: no más carne producida de cualquier manera. Desde que estalló la crisis de las vacas locas, el consumo de vacuno ha caído el 48%. Nunca había sucedido nada parecido con ningún otro producto. Hasta ahora, el consumidor español se había mostrado muy fiel a sus hábitos y los escándalos provocados por el clembuterol, las dioxinas o los antibióticos, elementos todos ellos con diferentes efectos en la carne, apenas causaron leves sacudidas en el mercado. Con las vacas locas ha sido distinto. La sacudida inicial se ha ido ampliando hasta convertirse en un terremoto, tras el cual muchos expertos que siguen de cerca el mercado de consumo piensan que nada volverá a ser igual.

¿Por qué ahora y no antes? La encefalopatía espongiforme bovina o mal de las vacas locas reúne dos características que, unidas, la convierten en un fenómeno singular: primero, es la consecuencia de un fraude largamente perpetrado (alimentar a los animales con unos piensos de residuos cárnicos que hace mucho que fueron prohibidos); y, segundo, aunque la posibilidad de transmisión parezca de momento escasa, es una enfermedad que puede afectar a seres humanos y, además, causar a quien la contraiga una muerte espantosa y sin remedio conocido.

A estas dos características se han sumado una serie de imágenes horribles, difundidas ampliamente por la televisión y los medios impresos, de animales muertos amontonados de cualquier manera en vertederos, transportados en grúas móviles o, para rematar, quemados en piras que cubren todo el horizonte. Y además, a la crisis provocada por el mal de las vacas locas se ha sumado la de la fiebre aftosa, que también ha rebotado desde el Reino Unido. Los análisis de mercado en España han mostrado que el momento en que el descenso de la venta de carne se aceleró de forma definitiva coincidió con la difusión de las imágenes del enterramiento ilegal de centenares de reses en un vertedero de Galicia, durante los primeros días de este año. Algo que parece resultar incompatible con la sensibilidad de un país desarrollado.

Otra característica de esta crisis es que ha reducido drásticamente la credibilidad del Gobierno español (y de muchos otros) como garantes del cumplimiento de las normas sobre seguridad y calidad de los alimentos. La negativa sistemática durante años a aceptar que la enfermedad podía estar afectando también a las reses españolas requerirá de mucho esfuerzo y mucha transparencia durante mucho tiempo para que se recupere la credibilidad perdida por la Administración y sus responsables. La salida a la luz esta semana de un informe del Ministerio de Agricultura en el que se acepta que desde 1999 se tenía la certeza de que había fraude en el uso de harinas cárnicas no ha hecho más que reforzar la idea de que los poderes públicos han estado ocultando datos durante mucho tiempo.

La revolución silenciosa de los consumidores, que se ha manifestado reduciendo a la mitad el consumo de vacuno, va a obligar a las autoridades españolas y europeas, más pronto que tarde, a poner en marcha una política agraria que, por encima de todo, garantice la seguridad y la calidad de los alimentos. Entrados en el siglo XXI, cuando ya hace mucho que las situaciones graves de hambre han sido superadas en los países de nuestro entorno, resulta absurdo -y, como muestran los hechos, también arriesgado para los ciudadanos- que se siga primando la cantidad por encima de la calidad y la seguridad. El voto de los consumidores, en España y en la mayoría de los países afectados, no deja lugar a dudas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 11 de marzo de 2001