"Los alumnos tienen miedo de pedir el examen en castellano"

Josefina Albert, profesora de Gramática histórica del español en la Universidad Rovira i Virgili (URV), de Tarragona, ha conseguido que los tribunales le den la razón y sentencien que la universidad actuó de forma incorrecta al excluirla de formar parte de las pruebas de selectividad. Pero no sólo eso: el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha resuelto que la normativa que las universidades catalanas aplican en las pruebas es discriminatoria con los alumnos castellanohablantes y que Albert actuó correctamente al facilitar el enunciado de los exámenes en castellano a los estudiantes que lo pidieron. La entidad Convivencia Cívica Catalana, que defiende el bilingüismo, anunció ayer que emprenderá acciones legales contra el consejero de Universidades e Investigación de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, quien insistió ayer en que la normativa de la selectividad no va a ser modificada.

Pregunta. ¿Esperaba una respuesta tan contundente del TSJC?

Respuesta. No. Yo esperaba que me dieran la razón respecto a mi idoneidad para las pruebas de selectividad. El TSJC ha analizado mucha documentación y evalúa la normativa que se aplica, lo que no hizo el juzgado de primera instancia. Y también entra en el contenido del próximo juicio, por vía penal: apunta que me excluyeron como represalia por haber acudido al Defensor del Pueblo.

P. ¿Cómo debería ser, a su juicio, el examen de selectividad?

R. Debería repartirse la versión en castellano y en catalán. Se alega que los alumnos conocen el catalán porque están escolarizados en esta lengua, ¿pero se tiene derecho o no [a dar los exámenes sólo en catalán]? Piense que entre que el alumno expone una duda sobre algún enunciado en catalán hasta que recibe una copia en castellano pueden pasar 10 o 15 minutos, y estamos hablando de un examen en que el alumno se está jugando su futuro. Mientras él pregunta, el resto de compañeros escribe. Dar el enunciado en castellano a quien lo pide no es ir contra el catalán.

P. La Generalitat y la propia URV alegan que no ha habido quejas de los alumnos para asegurar que el sistema es adecuado.

R. Los alumnos tienen miedo. He constatado, después de lo sucedido, que tienen miedo. Una alumna me comentó que su madre le había dicho que aceptara el examen en catalán sin decir nada. "No te compliques la vida", le dijo. Es un sistema que obliga al estudiante a alzar la mano para preguntar, a significarse. Además, los derechos no se piden, no son rogativos, se ejercen.

P. Pero, ¿por qué acudir al Defensor del Pueblo y no utilizar los cauces de la propia universidad?

R. Porque sabía que al año siguiente no volvería a las pruebas de selectividad.

P. La acusaron de actuar mediatizada por la asociación presidida por Aleix Vidal-Quadras, Convivencia Cívica Catalana.

R. Me han acusado de vidalquadrista, de babeliana [del Foro Babel], de todo. Cuando puse la primera querella por lo penal por prevaricación, después de intentar pactar con el rector mi inclusión en las pruebas -le ofrecí, incluso, renunciar a ellas después-, ni sabía que existiera Convivencia. Me apoyaron ellos después y yo se lo he agradecido. Ahora soy de Profesores por la Democracia. Pero entonces ni sabía que existiera.

P. Usted denunció que recibía amenazas en casa. ¿Cómo vivió ese periodo en la universidad?

R. Las amenazas han cesado. Pero entonces, en un principio llegué a ir por los pasillos de la universidad un poco cohibida. Luego me enfrenté a ello. Pensé que no era yo quien había cometido un delito. Hay profesores que me han negado el saludo, pero no mis alumnos, que han llegado a recoger firmas para apoyarme.

P. ¿Por qué una profesora de 62 años se complica la vida de esta manera?

R. Siempre he luchado por lo que creo, sobre todo si hay otros implicados. Ojo, que no voy de Don Quijote. Pero me indigné.