El banquillo como símbolo.
"Tenía sus defectos, como todos los hombres; pero le calumniaron y odiaron por sus virtudes", dijo Bertrand Russell sobre Tom Paine. La principal del juez Guzmán es la buena fe. Por eso, la Corte Suprema decidió ayer darle la oportunidad de procesar, esta vez en regla, al general Augusto Pinochet, declaración indagatoria mediante. Ahora la defensa del ex dictador, la derecha y militares procesados, para quienes hace tan sólo 10 días quedó restituido el imperio de la ley, cuando la Corte de Apelaciones les dio la razón, atacan al juez y a los tribunales. No por sus defectos sino por sus virtudes.El juez Guzmán fue sensible, el pasado mes de septiembre, a los mensajes del Gobierno chileno. Éste creyó que el desafuero de Pinochet supuso saldar la deuda contraída con la comunidad internacional al obtener el regreso del ex dictador por razones de salud a Santiago, tras 17 meses de arresto en el Reino Unido.
Guzmán administró el contundente fallo de la Corte Suprema -anulación de la inmunidad parlamentaria de Pinochet- de una manera políticamente correcta para el Gobierno. Suspendió la diligencia de tomar declaración indagatoria al ex dictador y resolver sobre su procesamiento hasta después de que se le practicaran exámenes médicos. Así, la victoria de los derechos humanos en la Corte Suprema quedó descafeinada. La derecha y el ex dictador comenzaron, pues, a preparar la salida a la inglesa para cerrar el caso: la presunta incapacidad de Pinochet para defenderse en un juicio.
La decisión del juez entusiasmó al Gobierno de Ricardo Lagos. Por fin, parecía llegar la solución final. La comunidad internacional debía contentarse con el desafuero. Y en cuanto a Pinochet, lo que había sido bueno para el ministro del Interior británico, Jack Straw (la presunta incapacidad) no debía ser menos para la justicia chilena.
El juez Guzmán volvió sobre sus pasos y rompió el consenso al dictar un auto de procesamiento defectuoso, sin tomar declaración previa a Pinochet. La defensa arguyó que el procesamiento, sin esa declaración, era ilegal. La Corte de Apelaciones tumbó por unanimidad el citado auto. Acto seguido, el Gobierno ordenó al Consejo de Defensa del Estado no recurrir ante la Corte Suprema y trató de disuadir a los demás querellantes de que lo hicieran. ¿Por qué? La idea era que bajo el efecto del mazazo de la Corte de Apelaciones debían acelerarse los exámenes médicos para aplicar la solución final. Sin declaración indagatoria ni procesamiento.
El error del juez Guzmán puede, ahora, ser subsanado. Pero, mira por dónde, la defensa alega que el ex dictador no está en condiciones de prestar declaración indagatoria. La mala fe procesal está en esto: la ausencia de declaración fue esgrimida para pedir la anulación del procesamiento. Bien. Ahora que la Corte Suprema ordena la declaración, Pinochet no está en condiciones.
El general compareció en el Reino Unido sólo una vez ante un magistrado. Para evitar sentarse formalmente en el banquillo acudió Pinochet al tribunal de Belmarsh en silla de ruedas. Ahora parece que sus preferencias irán por un atrincheramiento en el Hospital Militar.
Aunque Pinochet se niegue a comparecer ante el juez Guzmán, la declaración indagatoria es mucho más que un acto ritual. Es, simplemente, nada más ni nada menos, que el banquillo. El que Pinochet ha logrado hasta ahora eludir.
Un ex dictador por encima de toda jurisdicción está hoy más cerca del banquillo.
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