El Ejército chileno expresa su malestar por el procesamiento de Pinochet

La defensa de Augusto Pinochet interpuso ayer un recurso de hábeas corpus ante la secretaría especial de la Corte de Apelaciones de Santiago en contra del auto de procesamiento dictado por el juez Juan Guzmán, que le imputa los homicidios calificados y secuestros cometidos por la Caravana de la Muerte. La inesperada resolución del juez Guzmán provocó perplejidad en las Fuerzas Armadas y en especial en el Ejército, cuyo comandante en jefe, general Ricardo Izurieta, se reunió con el cuerpo de generales de la institución y no descartó la posibilidad de convocar el Consejo de Seguridad Nacional.

"El Consejo de Seguridad Nacional es una instancia que está contemplada en nuestra Constitución Política y el Ejército no ha descartado esta opción porque creemos que nos permitiría a lo mejor restituir este clima que se ha visto afectado", afirmó el general, en referencia a los esfuerzos de Gobierno, Fuerzas Armadas e Iglesia de llegar a un entendimiento para superar los problemas del pasado.En declaraciones a la prensa, el general Izurieta agregó que convocar a esa instancia no significa cuestionar las decisiones emanadas de los tribunales y añadió que la opinión de los otros jefes castrenses es similar, al tiempo que añadió que cualquier decisión que se adopte al respecto será comunicada oportunamente.

Izurieta conversó durante dos horas con el vicepresidente José Miguel Insulza y los ministros de Defensa, Mario Fernández, y de Justicia, José Antonio Gómez. Los militares, aunque reconocen que el Gobierno está tan sorprendido como ellos por el auto del magistrado y no responsabilizan de ello al presidente Ricardo Lagos, quieren expresar su irritación. Después de las declaraciones del jefe de la Marina, almirante Jorge Arancibia, que dijo que el procesamiento provoca la tensión de la sociedad hasta "un punto que es bastante crítico", se espera un gesto del Ejército por la situación de quien fuera su jefe durante casi un cuarto de siglo.

El Ejército desea una convocatoria del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), algo que el Gobierno desea evitar, tanto porque rechaza este organismo, al que desea suprimir a través de una reforma constitucional, como por creer que no corresponde citarlo en este caso. Mientras Izurieta sigue en silencio, el general Alejandro Cartoni, jefe de la guarnición militar de Osorno, situada a 800 kilómetros al sur de la capital, en declaraciones a radio Bio Bio, lamentó el dictamen de Guzmán de procesar a un ex presidente de 85 años disminuido en sus condiciones físicas, y reprochó que en el país exista trato discriminatorio para un mismo caso. "Mientras aquí se sigue juzgando a los militares por recuperar la tranquilidad del país, los terroristas y extremistas han sido beneficiados con indultos", dijo, y agregó que en Chile pudo haber más de 50.000 muertos en los años setenta (tras el golpe de Pinochet) de no haber sido por los militares que evitaron una situación catastrófica.

Con su recurso de hábeas corpus, los abogados de Pinochet tratan de anticiparse a la notificación oficial y evitar que sea efectiva la orden de arresto domiciliario solicitada por el juez. El ex dictador permanecía ayer en su residencia campestre de Los Boldos, a 150 kilómetros de Santiago. El jefe de los abogados de Pinochet, Pablo Rodríguez, que entre los años 1970 y 1973 encabezó el movimiento de ultraderecha Patria y Libertad, autor de numerosos atentados contra el Gobierno socialista de Salvador Allende, había dicho anteayer que la sorpresiva decisión de Guzmán adolece de vicios procesales y es "aberrante". Ayer, el abogado Gustavo Collao, que presentó el recurso a mediodía, sostuvo, en la misma línea, que la decisión del juez es ilegal y arbitraria, y criticó que Guzmán se haya saltado sus propias resoluciones previas, ratificadas después por la Corte de Apelaciones, ya que éstas suspendían las actuaciones contra Pinochet en tanto no se le practicaran los exámenes médicos e interrogatorio previo.

Collao apuntó que otro vicio es que el procesamiento por homicidios va más allá del desafuero de Pinochet fallado por el Supremo, que se limitó al secuestro calificado de 19 personas. Para ampliarlo a los homicidios, sostuvo, se requiere otro desafuero.

Al elegir el camino del hábeas corpus, que deberá ser resuelto mañana, lunes, en primera instancia por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones, la defensa descarta solicitar al mismo juez Guzmán el revocamiento del auto de procesamiento, previendo de este modo un eventual rechazo que les dejaría como única la posibilidad legal al recurso ante la Corte de Apelaciones.

De los tres magistrados que integran la Quinta Sala, dos votaron a favor del desafuero de Pinochet, mientras que el tercero ingresó después en este tribunal. Si el recurso es rechazado, como creen muy factible los querellantes, la defensa apelará ante la Corte Suprema, en la que deposita sus esperanzas, y entretanto el general, además de ser notificado del contenido del auto de Guzmán, debe ser interrogado por la policía, que debe tomarle sus huellas dactilares y fotografías de frente y perfil, como reo. Es una de las situaciones que trata de evitar, o retrasar al máximo, la defensa del general. Si el hábeas corpus es aceptado en la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones, el auto de procesamiento contra el ex dictador chileno quedará sin efecto.