El juez Guzmán retrasa el interrogatorio de Pinochet para evitar choques con los militares

Dentro de 45 días, el lunes 9 de octubre, el juez Juan Guzmán interrogará al ex dictador Augusto Pinochet sobre los 19 secuestros que cometió la caravana de la muerte en 1973 en un lugar que este último determinará, probablemente en su domicilio. Guzmán eligió así el camino de la cautela y, aunque aceptó la petición de los querellantes de interrogar a Pinochet, difirió la fecha hasta después de septiembre, evitando que el mes en que el Ejército celebra las glorias de su ex comandante jefe éste sea sometido por primera vez a las preguntas de un juez en Chile.

Declaración indagatoria

Mientras Guzmán comunicaba sus decisiones, el diario electrónico El Mostrador publicó en Internet la declaración secreta ante el juez del ex oficial de espionaje del Ejército Pedro Rodríguez, que contradice al jefe de la caravana de la muerte, general Sergio Arellano. Rodríguez dice que escuchó de otros militares que Arellano ordenó el fusilamiento de 15 prisioneros en el regimiento Arica, de la ciudad de La Serena, y que el tiro de gracia se lo dieran oficiales de esta unidad, reprendiendo a uno que se negó. También relató la ejecución de otros cuatro detenidos en las cercanías de La Serena y el asesinato de un estudiante universitario en Santiago poco después del golpe de Estado de 1973, que cometió otro de los militares que más tarde integró la caravana, el entonces mayor Marcelo Moren, y la posterior incineración del cuerpo en las calderas de la universidad. Además, Rodríguez revela que unidades del Ejército exhumaron cadáveres de prisioneros ejecutados en Peldehue, en las cercanías de Santiago, y los arrojaron al mar con apoyo de helicópteros, para despejar el terreno a una compañía minera.

A los terrenos militares de Peldehue habían sido trasladados los detenidos en el asalto de las tropas al palacio de La Moneda que hasta ahora están desaparecidos. Uno de los abogados querellantes de Pinochet reaccionó criticando la difusión del nombre del testigo secreto. Guzmán dijo, además, que pedirá los antecedentes que se hayan recopilado en la Mesa de Diálogo que hubo entre abogados de derechos humanos y representantes de las Fuerzas Armadas sobre los detenidos desaparecidos en la dictadura.

Llamado "declaración indagatoria", el interrogatorio a un inculpado es el paso previo que debe dar un juez antes de decidir procesarlo. A través de sus abogados, Pinochet ya dijo que no se negará a contestar, como lo hizo en Londres cuando estaba detenido, al rechazar responder por escrito las preguntas que le envió Guzmán en 1999. Uno de los abogados querellantes de Pinochet, Carmen Hertz, afirmó ayer que habrían preferido que el ex dictador fuera interrogado esta misma semana. Pero la decisión de Guzmán, a quien la Corte Suprema llamó ayer la atención por sus intervenciones ante la prensa, es privativa de sus facultades. Mientras el juez prepara las preguntas que le hará en persona al desaforado ex dictador, seguirá avanzando en otros frentes del caso Pinochet, que ya suma 165 querellas tras la presentación ayer de una por la detención y desaparición de 13 personas, entre profesionales y estudiantes de Servicio Social, tres de ellas embarazadas. Tiene previsto viajar a Argentina, donde la juez María Servini de Cubría investiga el asesinato del ex comandante jefe del Ejército Carlos Prats y su esposa, cometido por la DINA en 1974. También está investigando la detención y desaparición en manos de la DINA, en 1976, de cinco miembros de la dirección clandestina del Partido Comunista.

Entre tanto, aludiendo al desafuero del ex dictador, pero sin mencionarlo, el comandante jefe del Ejército, general Ricardo Izurieta, sostuvo el domingo, en una ceremonia militar por el natalicio del libertador Bernardo O'Higgins a la que asistía el presidente Ricardo Lagos, que la contingencia "tensiona profundamente el alma" de esta rama castrense.

Pidió también a todo el país "estar a la altura de los gestos que se le piden a la institución y que ésta ha sabido asumir", en referencia al compromiso del Ejército de colaborar en la búsqueda de los cuerpos de los detenidos desaparecidos. Izurieta apuntó a lo que el Ejército advierte como una asimetría: mientras la institución dice estar dispuesta a colaborar con la búsqueda de los restos de las víctimas, su ex jefe es desaforado por la Corte Suprema. Al término de la ceremonia, en la que por primera vez desde el desafuero se encontraron Lagos e Izurieta, el jefe del Estado dijo que las relaciones del Gobierno con los militares son "normales", aunque agregó que "podrían ser mejores".