Medio Ambiente estrena la venta de agua en un gran acuífero de Murcia

La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), un organismo dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, ha puesto a la venta el agua de un acuífero estratégico, situado en el municipio murciano de Calasparra. Ésta es la primera vez, según fuentes de la propia Administración, que desde una institución pública se pone a disposición de los usuarios un recurso hídrico con una tarifa: 14,52 pesetas el metro cúbico para riego y 15,78 para abastecimientos. El primer comprador es otro organismo público, que suministra agua al litoral desde Benidorm a Cartagena.

Rechazo

La oferta de agua a un precio tasado al por mayor se produce en un momento crítico de sequía en toda la zona del sureste peninsular. Un espacio donde, según el presidente de la Confederación del Segura, Juan Cánovas, se está produciendo "un crecimiento inadecuado de la demanda urbana". Las urbanizaciones en la costa, los parques temáticos modelo Terra Mítica, y otras instalaciones de ocio están elevando la demanda de agua a un ritmo que no es posible atender con los recursos disponibles.Para no tener que aplicar restricciones en las áreas residenciales, la Confederación del Segura ha decidido asumir directamente la gestión del único acuífero con agua de calidad de la región de Murcia. En esta reserva estratégica, ubicada en Calasparra, se almacenan entre 800 millones y 1.000 millones de metros cúbicos, que afloraban en el llamado Borbotón de Cieza. Hasta ahora, el caudal era gestionado por el Sindicato Central de Regantes del municipio, cuyos miembros no pagaban nada más que sus propios costes de extracción.

A partir de ahora, el que quiera regar con agua de Calasparra tendrá que pagar 14,52 pesetas el metro cúbico, una tarifa similar a la que pagan los usuarios del Acueducto Tajo-Segura por transportarla desde Guadalajara, a más de 300 kilómetros de distancia. El coste de bombearla a la red en Calasparra no supera las cuatro pesetas.

La decisión de la Confederación es histórica porque es la primera vez que un órgano público de gestión del agua la oferta mediante una tarifa, según la Plataforma Comarcal de Agua de Calasparra. Cánovas niega que la Confederación "venda el agua" o que actúe como banco público de este recurso, un papel que puede ejercer al amparo de la Ley de Aguas, reformada en la pasada legislatura para afrontar situaciones de sequía. "Se facilita un recurso disponible a unas tarifas cuyo precedente es el trasvase Tajo-Segura. Hablo de tarifas y no de conceptos más vinculados al mercado", dice Cánovas.En lugar de acogerse a la Ley de Aguas, la Confederación del Segura ha llegado a un acuerdo con el Sindicato de Regantes y la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, mediante el cual pone a disposición de los usuarios entre 20 y 25 millones de metros cúbicos de agua de Calasparra de excelente calidad en lo que queda de temporada. Después, Cánovas está dispuesto a cerrar los pozos una vez satisfechas las necesidades prioritarias de abastecimientos urbanos.

La Mancomunidad ya ha decidido "adquirir" ocho millones de metros cúbicos para atender la elevada demanda de la costa durante el verano. También ha manifestado su deseo de comprar 10 millones de metros cúbicos de agua la Comunidad de Regantes de Lorca. Los regantes del embalse de Cuevas del Almanzora, en Almería, que se encuentra prácticamente seco, piden ocho millones; detrás se ha colocado el sindicato agrario Asaja de Alicante

La decisión de ofertar el agua de Calasparra ha puesto en pie de guerra a este Ayuntamiento y a los municipios del noroeste murciano. Para esta semana hay convocada una reunión en la que se abordará la adopción de una postura conjunta. En la zona se ha constituido una Plataforma del Agua que encabeza el rechazo a la CHS. El alcalde de Calasparra, Jesús Navarro, del PSOE, ha encargado a los servicios jurídicos municipales estudiar la interposición de un recurso contra esta medida, que no ha sido ni consultada ni comunicada al Ayuntamiento. Tampoco saben el destino final del agua. Uno de los fundamentos del recurso es que cualquier extracción superior a los 500.000 metros cúbicos al año precisa declaración de impacto ambiental, paso que no se ha dado.

El consejero de Obras Públicas de Castilla-La Mancha, Alejandro Gil, manifiesta que su Gobierno plantea llevar el caso a los tribunales porque el bombeo puede afectar a los manantiales de la zona albaceteña dependiente de la cuenca del Segura. "Es un precedente peligroso", dice. "A partir de ahí, ¿qué puede ocurrir con los regadíos sociales que no pueden pagar ese precio y los caudales ecológicos?". La "venta" de agua plantea otras cuestiones jurídicamente complejas, que tendrá que aclarar el Plan Hidrológico Nacional, como el trasvase encubierto de agua de la cuenca del Segura (crónicamente deficitaria) al Júcar, cuenca a la que pertenece Benidorm, Terra Mítica y la Costa Blanca.