El 'caso Olivera' reabre el conflicto entre Gobierno y Ejército argentinos

Principio de territorialidad

La detención en Italia, a petición de un juez francés, del ex mayor Jorge Olivera, acusado del secuestro y la desaparición en 1976 de la ciudadana francesa Marie Anne Erize, ha aumentado aún más la tensión en la relación del Gobierno argentino con las Fuerzas Armadas, afectada ya por el desarrollo de los procesos iniciados ante los tribunales en búsqueda de la llamada "verdad histórica". En su carácter de abogado defensor de ex militares acusados por violaciones de los derechos humanos, Olivera se proponía contrarrestar los "juicios por la verdad histórica" con demandas para que se investigaran también los asesinatos de militares atribuidos a los grupos guerrilleros de los años setenta. Era una acción política que contaba con el apoyo no oficial de los sectores más intransigentes de las Fuerzas Armadas.Marta Rabassi, la esposa de Olivera asegura que el comandante en Jefe del Ejército de Tierra, general Ricardo Brinzoni, le prometió un "apoyo institucional" para lograr el regreso al país de su marido. La señora Rabassi ha pedido al Gobierno "que asuma el deber de repatriarlo, porque se cometió un avasallamiento a la soberanía". Sin embargo, el Ejecutivo argentino se ha limitado a ofrecer a Olivera la "asistencia legal" que le corresponde como a cualquier ciudadano "y nada más", según aclaró el ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra. Pero aún no tiene una decisión tomada sobre qué hacer en el futuro si Olivera es finalmente extraditado, juzgado y condenado en Francia.

La política seguida hasta ahora permitía aplicar el "principio de territorialidad" para negar las peticiones de extradición de militares residentes en Argentina acusados en el extranjero, pero Olivera corrió el riesgo de salir del país y por ahora debe asumir solo las consecuencias.En España, dos abogados personados en el proceso que el juez Garzón instruye contra 98 militares argentinos acusados de genocidio, entre los que se encuentra Olivera,pidieron ayer al juez de la Audiencia Nacional que solicite permiso a las autoridades italianas para que una comisión judicial española viaje a Roma a interrogarle. El mayor comparecerá hoy ante un tribunal italiano para decidir si quiere ser extraditado a Francia para responder de las acusaciones.

Los abogados argentinos Susana García y Guillermo Valera pretenden así reunir pruebas sólidas contra el ex militar, sobre quien ya han presentado testimonios que le relacionan con torturas y desapariciones, como primer paso para pedir su extradición a España. Valera recordó ayer que la Ley Orgánica del Poder Judicial a la que se acoge Garzón otorga jurisdicción a los tribunales españoles para perseguir delitos de lesa humanidad en cualquier lugar, incluso aunque, como en este caso, las víctimas no sean españolas. El abogado subrayó la importancia de la detención, "la primera de un militar argentino con antecedentes de torturador que se produce fuera de Argentina".