El juez Guzmán interrogará a Pinochet en pocos días y ordenará una revisión médica

La primera batalla legal del caso Pinochet está servida. El juez Juan Guzmán ha anunciado su intención de llamar a declarar al ex dictador, desaforado el martes por la Corte Suprema, y ordenar la realización de una revisión médica, tal y como establece la ley chilena para aquellos procesados que superen los 70 años. Pero la familia de Augusto Pinochet ha reiterado su oposición frontal a estos chequeos. El equipo de defensa de Pinochet aseguró ayer que Guzmán no podrá acusarle de desacato, pues ésta es una potestad que beneficia al reo y, por lo tanto, depende de él su aceptación.

"La primera diligencia que corresponde es tomar una declaración al inculpado, y el juez Guzmán desea hacerlo tan pronto como vuelva a sus manos el expediente, que estaba en la Corte Suprema", aseguró Eduardo Contreras, uno de los abogados querellantes, que se reunió ayer con el magistrado. Todo parece indicar que el interrogatorio será la próxima semana.Debido a su condición de general, el ex dictador -quien anunció ayer antes decenas de simpatizantes en la puerta de su domicilio que publicará una "carta a los chilenos"- posee la potestad de declarar por escrito, pero el juez ya ha anunciado que su intención es entrevistarle en persona. Este interrogatorio, si sigue el procedimiento habitual llevado a cabo con otros generales inmersos en casusas de violaciones de derechos humanos, se efectuará en el domicilio particular.

Las directivas al completo de los dos partidos de la derecha chilena (Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente) visitaron ayer a Pinochet en su casa, para presentarle sus respetos y expresarle todo el apoyo. Ambos partidos solicitaron al presidente del Senado, Andrés Zaldívar (y éste ha aceptado), la convocatoria de una sesión especial destinada a analizar "la verdad histórica" a partir de 1970, con la intención de reivindicar la imagen del Gobierno militar.

El presidente de la República, Ricardo Lagos, criticó ayer con dureza a aquellos que han afirmado que el desafuero del ex dictador fue un dictamen político. "Han faltado el respeto" al Poder Judicial. Estas palabras están destinadas, entre otros, a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, oficiales retirados, dirigentes de la derecha política y la propia familia de Pinochet.

Falta de respeto

"Si pueden creer que es posible que un fallo con los análisis jurídicos... es producto de influencias... creo que es una falta de respeto", declaró Lagos, que sostuvo que su intención era, precisamente, "llamar la atención a esos sectores". Lagos añadió que los términos del fallo tienen "mucha contundencia en lo que los ministros [jueces] expresaron, tanto la mayoría como la minoría, y por lo tanto, un fallo de esa naturaleza creo que debe ser analizado en términos jurídicos", añadiendo que "sería importante que los distintos sectores acaten y respeten lo que ha ocurrido... Es la única forma de que nos podamos entender en Chile".Tras el fallo de la Corte Suprema, y las reacciones de todos los afectados, se inicia ahora la primera batalla: los exámenes médicos, que deben determinar el verdadero estado de salud del ex dictador, de 84 años. La legislación chilena no exime de juicio a las personas mayores ni a los enfermos terminales; el único modo por el que Pinochet podría esquivar un proceso sería conseguir que los médicos declaren locura o demencia, una posibilidad que la familia rechaza.

El juez Guzmán, que ayer recibió la querella número 158 contra Pinochet por presuntos crímenes cometidos durante el Gobierno militar entre 1973 y 1990, anunció la petición de estos exámenes. "La ley ordena los exámenes perentoriamente, es decir los jueces tenemos que ordenarlos y la persona afectada tiene que someterse a ellos". Los expertos estiman que este paso dado por el juez es imprescindible para cumplir con la legislación y evitar que la defensa de Pinochet pudiera alegar en el futuro indefensión. Lo que no está tan claro es lo que sucederá si el ex dictador mantiene su negativa a someterse a esas pruebas. Sería una situación inédita en la historia judicial chilena.

Algunos juristas sostienen que, en ese caso, el juez podrá acusarle de desacato. La defensa de Pinochet asegura lo contrario, pues, a su entender, dicha ley está redactada con el fin de beneficiar al procesado, por lo que sólo depende de éste decidir si desea beneficiarse o no. Guzmán rechaza esa interpretación. Esta actitud de la familia y de los abogados defensores contrasta con la mantenida en Londres durante el proceso de extradición a España. Fueron precisamente unos exámenes médicos los que permitieron una salida, al apoyarse en ellos el ministro de Interior británico, Jack Straw, para ordenar su regreso a Chile por razones de salud. Los expertos estiman que la estrategia es alargar el proceso, evitando una declaración médica que afecte a su imagen, en la seguridad de que Pinochet morirá antes de tener que sentarse en el banquillo.