Un alto jefe militar chileno advierte contra el desafuero a Pinochet

Aunque el Ejército permaneció en silencio y no comentó ayer la pérdida de la inmunidad parlamentaria de quien fuera comandante en jefe de la institución durante un cuarto de siglo, a la espera de conocer el fallo de la Corte Suprema de manera oficial, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, general Patricio Ríos, planteó ayer que un eventual desafuero de Augusto Pinochet podría afectar a la búsqueda de los cuerpos de los detenidos desaparecidos a la que se comprometieron los militares.

Nueva posibilidad

Sin que exista todavía un texto de la resolución de los jueces, las reacciones han sido lentas, y pese a que no es descartable un gesto solidario de los uniformados con el ex dictador, una réplica castrense sólo ocurriría después de que el fallo sea comunicado a las partes.Los jueces del Tribunal Supremo se encontraban ayer redactando el fallo, que según lo que ha trascendido desaforó a Pinochet por once votos contra nueve, aunque algunas fuentes sostienen que la diferencia en favor de los querellantes fue incluso superior. El presidente de la Corte Suprema, Hernán Álvarez, afirmó ayer que el fallo se hará público el próximo martes. "El fallo va a existir cuando esté firmado por todos los ministros (jueces) y solemnizado" como señala la ley, añadió.

Así las cosas, los antipinochetistas no han descorchado aún el champaña y sólo lo pusieron a enfriar, ni los partidarios del ex dictador han clamado abiertamente contra la "politización" de la Justicia. Ninguno de los jefes militares alteró ayer su agenda: mientras el jefe del Ejército, general Ricardo Izurieta, partió al norte del país; su colega de la Armada, almirante Jorge Arancibia, encabezó un consejo naval, y el jefe de la Fuerza Aérea fue al Parlamento a reunirse con la Comisión de Defensa del Senado, como estaba previsto; y la posibilidad filtrada a la prensa de un almuerzo conjunto de todos ellos más el jefe de Carabineros con Pinochet y su esposa, Lucía Hiriart, en la residencia del general en el exclusivo barrio La Dehesa, finalmente no se concretó.

El general Ríos apuntó a una de las pocas herramientas que tienen los militares para presionar: el acuerdo de la mesa de diálogo, según el cual las Fuerzas Armadas se comprometieron a recoger información para ayudar en la búsqueda de los restos de los detenidos desaparecidos, con una garantía legal de reserva de las fuentes, que también se hizo extensiva a las Iglesias y la masonería. Ríos planteó ayer que un eventual desafuero de Pinochet podría afectar a la colaboración que darían quienes tienen la información sobre lo que ocurrió con las víctimas, y la generación de un clima de confianza "con quienes vistieron uniforme y que pudieran tener antecedentes sobre detenidos desaparecidos".

Si la colaboración de los militares en retiro con el acuerdo era difícil antes del desafuero de Pinochet, después se tornaría mucho más difícil, estiman en círculos castrenses, algo con lo que coincide también la derecha. Sin embargo, los abogados especializados en derechos humanos creen que las Fuerzas Armadas sí tienen información sobre el destino de las víctimas y éstas se comprometieron solemnemente a entregarla. Un pastor evangélico llevó ayer hasta La Moneda una lista según la cual un 60% de los cuerpos de los detenidos desaparecidos no podría ser encontrado, según militares en situación de retiro.

En los círculos cercanos al ex dictador se exploró ayer una nueva -y desesperada- posibilidad para intentar abortar el fallo de desafuero. El ex vicecomandante en jefe del Ejército, general Rafael Villarroel, sostuvo que cinco de los magistrados de la Corte Suprema habrían prejuzgado al fallar con anterioridad sobre los crímenes de la caravana de la muerte respecto de otros acusados, para impugnarlos por haber participado en el pleno de 20 jueces que le quitó la inmunidad a Pinochet.