El Tribunal Supremo de Chile decidirá el martes sobre los exámenes a Pinochet

La Corte Suprema (Tribunal Supremo) chilena decidirá el martes próximo si Augusto Pinochet debe ser sometido a nuevos exámenes médicos, tal y como solicitan sus abogados, con el claro propósito de impedir su procesamiento. En un plazo de dos semanas el mundo sabrá si el ex dictador chileno es sometido a la acción de la justicia de su país, por un delito como autor e inductor de 19 casos de desaparición de personas y 53 homicidios cometidos después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973.

Nuevo marco político

La más alta instancia judicial, empezará a examinar el martes los argumentos expuestos estos días por la acusación y la defensa de Pinochet en la vista del recurso contra el desafuero del senador vitalicio, cuyas sesiones concluyeron ayer en el palacio de los tribunales de Santiago.El presidente de la Corte, Hernán Alvarez, indicó que el mismo martes los 20 jueces que se reunirán en un pleno extraordinario podrían decidir respecto de la petición de los abogados defensores de someter al ex dictador a nuevos exámenes médicos para comprobar si está en condiciones de ser sometido a proceso. Fue precisamente gracias al informe de un equipo médico británico como Pinochet escapó en marzo pasado a la Justicia internacional y la extradición a España y fue devuelto a Chile por las autoridades de Londres, después de 17 meses de detención.

Para los abogados querellantes no procede la realización de nuevos exámenes médicos. Hugo Gutiérrez fue contundente al afirmar que "el único camino posible para la Corte es desaforar a Pinochet" y recordó algunos precedentes, como el de un procesado enfermo de cáncer que fue condenado a cadena perpetua por la Corte de Apelaciones de Santiago o "el mismo juez Guzmán que ha procesado a personas enfermas".

Borís Paredes, otro de los abogados de la acusación, subrayó que si se pretende demostrar que Pinochet no está en condiciones mentales para ser juzgado tampoco lo está para ejercer el cargo de senador vitalicio, que ostenta después de abandonar la comandancia en jefe del Ejército, el 11 de marzo de 1998. En este punto también está de acuerdo, por intenciones de otra índole, el abogado defensor Ricardo Rivadeneira. "Augusto Pinochet no está capacitado para ejercer el cargo de senador de la República, porque es una persona enferma", dijo a la salida de la sesión en la Corte Suprema.

En la calle, el último día de los alegatos terminó con una manifestación de varios centenares de detractores del dictador, que concluyó frente al monumento a Salvador Allende, frente al Palacio de La Moneda, y una caravana de vehículos de los fieles al general hasta la sede de la Fundación Pinochet.

El presidente de la Corte Suprema subrayó la altura de los alegatos expuestos el jueves y el viernes y se mostró especialmente satisfecho por la forma en que ambas partes, partidarios y adversarios del general, se comportaron tanto en la sala como en la calle. Los magistrados estudiarán "con la prudencia y profundidad que el caso requiere" el abundante expediente de la caravana de la muerte, el operativo represivo a un mes del golpe militar por el que Pinochet puede perder la inmunidad parlamentaria e ingresar en la condición de procesado. Se trata sin duda del fallo más importante que dictará el poder judicial chileno en toda historia.

En el nuevo marco político que vive Chile con el desafuero de Pinochet ganan los principales actores, estiman varias fuentes consultadas. Por una parte, un presidente socialista, Ricardo Lagos, que tiene como uno de sus caballos de batalla el cierre de la transición inconclusa; una derecha que se desmarca día a día de su pasado pinochetista; un poder judicial que tiene el desafío de mostrar al mundo su proclamada independencia frente a otros poderes; y unas Fuerzas Armadas que quieren modernizarse cortando lazos con el pasado y que acaban de firmar un compromiso con amplios sectores de la sociedad chilena para entregar información del paradero de los detenidos-desaparecidos. A todos ellos, en mayor o menor grado, les conviene el desafuero del general, con la salvaguarda de unos exámenes médicos que impedirían su proceso. Perdería la Justicia y los familiares de las víctimas de la dictadura.