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Reportaje:EL CASTELLANO SE UNIVERSALIZA

Brasil decide si quiere hablar español

La posibilidad de que la enseñanza del castellano sea obligatoria desata una batalla diplomática

En medio de una batalla diplomática en la que están involucrados el Reino Unido, Italia y Francia, Brasil decidirá en breve si convierte en obligatoria la enseñanza del español en las escuelas secundarias. Tal medida, que afectaría a 50 millones de jóvenes brasileños en edad escolar, abre unas enormes posibilidades económicas para España, ya que se cifra en 250.000 millones de pesetas el futuro mercado de libros para la enseñanza del español. Pero las espadas están en alto y es ahora cuando los 27 miembros de la Comisión de Enseñanza del Parlamento brasileño, de quienes dependen que la normativa salga adelante o muera definitivamente, decidirán si quieren que su país sea bilingüe.

Pocas veces en la historia una ley ha cambiado de forma radical el rumbo de un país. Menos aún si se trata de una ley cultural o relativa a la enseñanza. Y, sin embargo, eso es exactamente lo que está a punto de suceder en Brasil, en medio de una soterrada batalla diplomática en la que se están viendo involucradas cuatro grandes potencias europeas. El gigante americano decidirá en breve si convierte en obligatoria la enseñanza del español en las escuelas secundarias, lo que a la vuelta de unos años, según los expertos, supondrá un giro de incalculables consecuencias políticas y culturales. Y económicas, evidentemente. Conscientes de la importancia de lo que está en juego, el Reino Unido e Italia, pero especialmente Francia, han movilizado su maquinaria diplomática para impedir que Brasil se decante, quizá de forma irreversible, hacia el mundo hispano.El resultado de esta feroz batalla se presenta incierto. Pero las repercusiones para España son gigantescas. No sólo para las empresas españolas con una presencia ya asentada en Brasil, desde Telefónica al BBVA o Repsol, entre otras, sino especialmente para editores, escritores y, en general, el mundo de la cultura. "[De aprobarse la ley] se abren unas excelentes perspectivas para el sector editorial español", según Antonio María Ávila, director ejecutivo de la Federación de Gremios de Editores de España. "Tenemos que aprovecharlo".

Siendo perspicaz, Ávila no ha sido el único en olfatear las posibilidades que representa una decisión tan trascendental como convertir la enseñanza del español en obligatoria en un país con 50 millones de jóvenes en edad escolar. Al menos otras tres personas (probablemente bastantes más), sentadas en sendos despachos en el Quai d'Orsay, el Foreign Office o el palacio de la Farnesina, las sedes respectivas de los servicios exteriores de Francia, Reino Unido e Italia, han ido un poco más lejos en su análisis y han hecho un ejercicio de imaginación: ¿qué consecuencias políticas, diplomáticas y culturales (por no hablar de dinero) tendrá la ley, si se aprueba, dado el potencial demográfico de Brasil y la similitud entre ambas lenguas, lo que favorece tremendamente su aprendizaje, según los lingüistas?

La respuesta no les ha gustado. Su reacción ha sido inmediata y los 27 miembros de la Comisión de Enseñanza del Parlamento brasileño, de quienes depende ahora que la normativa salga adelante o que muera definitivamente, se han visto sometidos a "presiones muy fuertes" por parte del aparato diplomático de estos tres países en Brasil para que entierren la ley sin más contemplaciones, según fuentes políticas brasileñas.

Resulta curioso que la iniciativa contra una lengua extranjera en Brasil provenga de tres naciones europeas: siendo un país de inmigración, los brasileños se muestran saludablemente vacunados contra la xenofobia. Pero el cambio radical que el país ha sufrido en los últimos años (Brasil es la nación que más ha crecido económicamente en el último siglo, sólo por detrás de Japón), y el nuevo ímpetu de la iniciativa privada han convertido a este gigante de 165 millones de habitantes en líder de América Latina. Así que, de repente, la batalla por el español y la importancia de su resultado han quedado al descubierto hasta para el menos avisado de los observadores. Aunque tenga su despacho en París, Londres o Roma. O Madrid.

"Brasil se encamina a un futuro bilingüe", declaraba hace poco a este periódico Rico Cavalcanti, director de un colegio en Río de Janeiro, que, sin esperar a la promulgación de la ley, ha introducido el español en algunos cursos.

De generalizarse por ley la actitud de Cavalcanti, sólo el futuro mercado de libros para la enseñanza del español supondría más de 250.000 millones de pesetas, según estimaciones de la Federación de Gremios de Editores de España. Brasil representa ya, con unas ventas de 5.018 millones de pesetas en 1998 (los últimos datos disponibles), el quinto mercado para los libros editados en España, por detrás de Argentina, México, Francia y el Reino Unido. "Para mí", explica Ávila, "es el mercado potencial más importante del continente".

Eso es ahora, pero pocos se acuerdan de que todo empezó en 1991. Ese año, el entonces presidente, Itamar Franco, decidió impulsar por ley la enseñanza del español con un claro objetivo político: consolidar el acercamiento de Brasil a sus socios de Mercosur (Argentina, Uruguay y Paraguay), falto de una sólida tradición durante las décadas anteriores, en las que los regímenes militares florecieron en la zona. Siempre recelosos de sus vecinos, los generales brasileños contemplaban con sospecha cualquier atisbo de colaboración, lingüística o no lingüística. Un militar con mando en plaza despachó de la siguiente forma la idea de fortalecer los lazos en el Cono Sur: "Desvaríos de los diplomáticos".

Para 1996, el proyecto de introducir el español de forma obligatoria en la enseñanza, tanto primaria como secundaria, había cuajado en forma de ley. Pero los inmensos desafíos de tipo práctico que se plantearon (entre ellos la imposibilidad de improvisar los 200.000 profesores de español que se hubieran necesitado) aconsejaron reducir su aplicación a la enseñanza secundaria, y bajo esta nueva forma el proyecto de ley fue aprobado por el Senado el año pasado.

De ahí pasó a la Comisión de Enseñanza del Parlamento, formada por 27 miembros, donde se debate estos días. Su principal enemigo es, curiosamente, Atila Lira, el encargado de redactar el informe sobre la ley que habrá de estudiar la comisión. Y sus intenciones son claras: "Haré todo lo posible para que la ley caiga", según ha declarado a este periódico.

Lira, que reconoce abiertamente que se han producido fuertes presiones británicas, francesas e italianas para que no se apruebe la normativa, ha presentado a los miembros de la comisión un informe muy negativo en el que defiende que no se puede imponer como "obligatoria" ninguna lengua extranjera y que debe ser cada escuela la que decida qué idioma impartir, además del portugués. Cientos de cartas de airados profesores de inglés, francés e italiano acompañan a su informe.

Un no de esta comisión, según la Constitución brasileña, significará la muerte definitiva de la ley y un abrupto punto final a nueve años de esfuerzos.

De inmediato, la Embajada española ha iniciado una discreta contraofensiva. Se han elaborado informes y se ha enviado una carta informando del delicado estado del asunto a diversos países latinoamericanos, en un intento de lograr apoyos diplomáticos con los que frenar la triple alianza franco-británico-italiana.

En realidad, España ha dedicado una cierta actividad diplomática a lograr que la ley llegue a puerto, y desde esa perspectiva hay que interpretar, por ejemplo, la visita que el año pasado realizó a Brasil el entonces ministro de Cultura, Mariano Rajoy, hoy vicepresidente del Gobierno español, quien recibió garantías del presidente Fernando Henrique Cardoso de que la ley se aprobará. Precisamente el miércoles pasado, Cardoso recibió el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación por su trabajo a favor "del fortalecimiento de los valores democráticos" y también por su defensa "del idioma español en Brasil".Pero precisamente en Brasil, la autoridad del presidente no garantiza que el proyecto salga adelante. "La ley será votada en secreto por los diputados", asegura Lira. "Y no por el presidente".

Buen conocedor del sistema político brasileño, Lira sabe que todo le favorece. La disciplina de partido es muy débil, más de cien diputados cambiaron de partido al menos una vez durante la última legislatura y las cinco formaciones políticas que normalmente apoyan a Cardoso han tumbado más de una iniciativa presidencial.

De no caer definitivamente, la ley podría acabar muy aguada y, en cualquier caso, no incluir la "obligatoriedad" de la enseñanza del español. Algo que tampoco molestaría en exceso al Gobierno de Cardoso, preocupado porque no cuenta con los profesores y el material escolar necesario para un cambio tan revolucionario.

Pero revolucionaria o no, la dinámica de expansión del español en Brasil parece imparable, aunque pierda el impulso que supondría la polémica ley. Así lo ven los principales grupos editoriales españoles, Anaya y Santillana.

El grupo Anaya, por ejemplo ha comprado recientemente, junto con su socio francés Havas, el 50% de dos de las primeras editoriales brasileñas, Atica y Scipione. "Estamos ante un gran mercado potencial por la estructura de la población brasileña", según un portavoz de Anaya.

Emiliano Martínez, vicepresidente del Grupo Santillana, que ya está trabajando en la creación y distribución en Brasil de métodos de enseñanza del español, también confía en las posibilidades que se abren en el país. "Aunque el ritmo de implantación de cualquier decisión sea más lento que en Europa". Lento o no, a un ritmo u otro, lo que parece irreversible es que el español ha encontrado suelo fértil en Brasil. Y los frutos, para ambas culturas, prometen un buen futuro.

Este informe ha sido elaborado con la colaboración de Juan Arias, desde Río de Janeiro, y Santiago Hernández, desde Madrid. [

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 18 de junio de 2000