La Universidad de Tarragona alega buena fe en el caso del castellano

Los abogados de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona (URV) alegaron ayer -en la vista oral del proceso contencioso-administrativo que enfrenta a esta institución con la profesora Josefina Albert- que el centro docente aplicó la normativa "con la mejor intención y de buena fe". La URV excluyó a Albert de los exámenes de las pruebas de acceso a la universidad (PAAU) tras denunciar ésta la discriminación del castellano en los cuestionarios de los exámenes. El proceso, iniciado por la profesora tras su marginación de los exámenes de selectividad al haberse dirigido al Defensor del Pueblo denunciando la supuesta discriminación del castellano en los mismos, quedó visto ayer para sentencia, después de que las dos partes ratificaran ante el juez sus posturas. La vista de ayer es sólo la primera estación del vía crucis judicial que va a tener que recorrer el rector de la URV, Lluís Arola, quien además, por el mismo caso, se enfrenta a un proceso penal por prevaricación por el que el fiscal le pide ocho años de inhabilitación.

Sanción encubierta

Para Juan Carlos Zayas, abogado de Albert, la marginación de la profesora encubría una sanción, mientras que los letrados de la URV la calificaron de cumplimiento escrupuloso de la normativa. Pero, Enrique Alcántara, abogado de la universidad, tras afirmar en tono contundente que el comportamiento del equipo rectoral fue intachable, al final de su alegato, llegó a admitir que "todo el mundo se equivoca". Alcántara explicó que la exclusión de Albert se produjo después de que la URV fuera informada por el Defensor del Pueblo de supuestas incidencias acaecidas en las PAAU de 1998 y no por parte de la profesora que teóricamente las presenció.

En su comunicación al Defensor del Pueblo, Josefina Albert aseguró que el presidente del tribunal le dio órdenes expresas de no repartir las preguntas del examen en castellano a dos alumnos que así se lo solicitaron. La decisión de apartarla de las pruebas estuvo motivada, según la URV, porque la profesora no comunicó de forma oficial dichas incidencias -que la universidad niega que sucedieran- y por el "hecho irregular" de que la docente, por su cuenta, decidiera hacer fotocopias de los exámenes en castellano y repartirlos.

Albert, a juicio de Alcántara, era conocedora de su irregularidad puesto que, según expuso ayer el letrado, en su misiva al Defensor del Pueblo, la docente reconoce que repartió los exámenes "a pesar de que se jugaba no volver a participar en las pruebas". El letrado recordó que es la docente quien debe acreditar que fue sancionada por acudir al defensor y no por no ser idónea para la corrección de las pruebas. Alcántara reiteró en numerosas ocasiones que la URV había observado escrupulosamente el ordenamiento jurídico de la Generalitat y del Consejo Interuniversitario, que ha redactado la normativa de la selectividad.