La Generalitat rectifica y dará exámenes en castellano a los alumnos que lo soliciten El Gobierno catalán cambia de criterio tras el conflicto de la Universidad de Tarragona

El Gobierno de la Generalitat da marcha atrás y rectifica su postura sobre la distribución de exámenes en castellano en las pruebas de acceso a la universidad. La comisión específica encargada de regular los exámenes de acceso a la universidad está preparando unas nuevas instrucciones que establecerán la obligación de entregar las pruebas en castellano cuando así lo soliciten los alumnos, sin más requisitos. Ahora, la normativa interna sobre selectividad indica que cuando un alumno plantee problemas de incomprensión lingüística, se le traduzca oralmente.

La medida supone un cambio radical con respecto a las normas vigentes. Estas se encontraban contenidas en un manual de instrucciones que la Generalitat entregó a cada universidad, y se completaba, según han confirmado a este diario varios rectores, mediantes disposiciones verbales a los respectivos tribunales. El manual escrito indicaba que en los exámenes de acceso a la universidad sólo se repartieran los cuestionarios en castellano en casos previamente solicitados y justificados por cumplir determinados requisitos, por ejemplo, haberse trasladado a Cataluña en fecha reciente y no haber realizado, por tanto, los estudios previos en catalán.

Esta normativa partía de la base de que todos los alumnos que han estudiado primaria y secundaria en Cataluña han pasado por el proceso de inmersión lingüística y, por tanto, han sido escolarizados en catalán, de modo que no deben plantear problemas de comprensión de esta lengua.

La normativa que se ha venido aplicando hasta ahora indica que cuando un alumno plantee problemas de incomprensión lingüística, el profesor responsable de la prueba le dará las explicaciones orales necesarias para que pueda comprenderla. Sólo si el alumno insiste, tras las pertinentes explicaciones orales, se le entregará la prueba en castellano.

Varios rectores han confirmado que existen instrucciones verbales que en la práctica algunos tribunales interpretan restrictivamente, en el sentido de no entregar los exámenes en castellano en ninguna circunstancia.

Ahora, el nuevo manual de instrucciones para las pruebas de selectividad que la Generalitat distribuirá entre las universidades indica que el examen se dará en castellano en cuanto lo solicite el alumno. En cualquier caso los alumnos tienen derecho a contestar la prueba en la lengua que quieran tal como ya venía ocurriendo.

El derecho a una copia de los exámenes en castellano desató una viva polémica en noviembre de 1998 a raíz de un conflicto surgido en la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, cuando los profesores Josefina Albert y José María Fernández recurrieron al Defensor del Pueblo para denunciar las trabas que, según ellos, se ponían al castellano en las pruebas de selectividad.

Querella

José María Fernández planteó su queja respecto de las normas generales de selectividad y Josefina Albert explicó al defensor que el tribunal le había impedido distribuir exámenes en castellano a dos alumnos que lo habían solicitado. Albert indicó que, pese a la negativa, repartió las pruebas en castellano a los dos alumnos. La profesora fue apartada en el año siguiente de las pruebas de selectividad y presentó una denuncia contra el rector de la Universidad Rovira i Virigili por prevaricación al considerar que había sido objeto de una sanción no motivada ni comunicada por haber recurrido al Defensor del Pueblo. El juez ha abierto juicio oral contra el rector y contra el responsable de las pruebas de selectividad. El fiscal solicita ocho años de inhabilitación para el rector, Lluís Arola. La Universidad asegura que decidió apartar a la profesora por no haber cumplido el reglamento de las pruebas, ya que si creyó que se estaba conculcando el derecho individual de los alumnos, debía notificarlo al propio tribunal, y no al Defensor del Puelbo.

Paralelamente otro juez suspendió el reglamento de usos linguísticos de la Rovira i Virigili por estimar que se podían producir "daños a terceros afectados". Este reglamento era el primero que se aprobaba en Cataluña de acuerdo con la Ley de Política Lingüística de 1998. El resto de las universidades se rige por un reglamento anterior basado en la ley de 1983.