Pinochet recibe la visita del jefe del Ejército tras perder la inmunidad

La filtración de la votación que se produjo el martes en la Corte de Apelaciones de Santiago y de su resultado -13 votos frente a 9 a favor de retirar el fuero parlamentario a Augusto Pinochet- ha hecho que la derecha y la izquierda chilena coincidan en reclamar al tribunal que haga público el texto del fallo cuanto antes. El juez encargado de redactarlo, Jorge Rodríguez, dijo ayer que estará listo en una semana.

Mientras, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, general Ricardo Izurieta, visitaba ayer a Pinochet en su domicilio. Los militares chilenos fueron los únicos que se mantuvieron ayer en silencio, aunque la visita de Izurieta hablaba por sí sola. La derecha apuntó sus baterías contra la decisión judicial, y el Gobierno hizo un llamamiento para que se respete el fallo, cuando sea conocido oficialmente. Pinochet fue informado en la noche del martes en su domicilio por sus abogados del desafuero. Sus defensores anunciaron ayer que apelarán ante la Corte Suprema. La decisión de retirarle al general la inmunidad parlamentaria significa que la Corte de Apelaciones tiene sospechas fundadas de su participación en el secuestro calificado de al menos uno de 19 prisioneros políticos desaparecidos en 1973 por la caravana de la muerte, la comitiva militar que recorrió el país y cometió 73 asesinatos.

Los jefes de las Fuerzas Armadas tienen poco margen de maniobra para mostrar su malestar, después de que el presidente Ricardo Lagos no aceptara presiones castrenses y explícitamente descartara poco antes del fallo cualquier posibilidad golpista.

Demostrando una vez más su fidelidad hacia Pinochet, la derecha criticó la resolución y que ésta haya trascendido. Dirigentes de la pinochetista Unión Demócrata Independiente (UDI) sostuvieron que el senador vitalicio enfrenta "un juicio político y no jurídico", que ha sido prejuzgado porque el Gobierno está pasando un "examen ante al mundo" de que la justicia es posible, y que ésta justicia sólo consiste en juzgar a Pinochet. La UDI también reiteró su rechazo a la tesis del "secuestro permanente" de los ejecutados, que impide amnistiar o prescribir el caso de la caravana de la muerte. Un parlamentario pidió también investigar y sancionar la filtración del fallo.

Los partidos oficialistas reaccionaron con satisfacción. El Partido Socialista resaltó que la tupida red de protección jurídica que erigió el propio Pinochet no ha logrado asegurarle la impunidad. "Estamos en un momento muy importante para la democracia chilena, se trata del imperio del Estado de Derecho por sobre las maniobras y presiones de quienes han estado junto a Pinochet", afirmó.

Los abogados querellantes resaltaron que la decisión ensancha el camino de la justicia en otros procesos y acelera el final de la transición democrática. Organismos defensores de los derechos humanos plantearon que ahora es el turno de que la Corte Suprema se reivindique, desaforando a Pinochet. El presidente de la Suprema, Hernán Álvarez, dijo que no se siente presionado y aseveró: "Los ministros [jueces] estamos preparados para afrontrar esta responsabilidad".

Entretanto, en la Corte de Apelaciones se interpuso la querella 109 contra Pinochet por la detención y desaparición de 18 personas en octubre de 1973.