La batalla de fondo entre la UE y Estados Unidos

Más allá de las campañas ecologistas y de la preocupación de los consumidores, la polémica de los transgénicos tiene también un ángulo de batalla comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos. Las grandes empresas biotecnológicas estadounidenses han sido las grandes impulsoras de la modificación genética para usos agrícolas. Y Bruselas ha sido y sigue siendo el mayor freno internacional para su distribución y comercialización.La última vuelta de tuerca tuvo lugar el pasado día 12, cuando el Parlamento Europeo propuso la eliminación gradual de las semillas transgénicas más comunes hasta ahora, que contienen, por razones técnicas, un gen que confiere resistencia a los antibióticos, por temor a que estas plantas pudieran agravar el problema de las infecciones hospitalarias que no responden a esos fármacos.

Moratoria 'de facto'

Además, la UE tiene impuesta una moratoria de facto por la que no autoriza de momento ninguna nueva variedad transgénica, con independencia de que existan o no dudas sobre sus riesgos para la salud y el medio ambiente.

Las semillas transgénicas son la principal causa de que la UE haya empezado a aplicar en las negociaciones internacionales el llamado "principio de precaución", por el que un país puede rechazar una importación de organismos genéticamente modificados aduciendo meras dudas sobre su seguridad, no ya evidencias científicamente sólidas acerca de sus riesgos.

La primera plasmación de ese principio tuvo lugar el pasado mes de enero con la firma por 130 países en Montreal (Canadá) del llamado Protocolo de Bioseguridad, que impone ciertas restricciones al comercio internacional de transgénicos. Estados Unidos se resistió hasta el último momento a que los cargamentos de semillas transgénicas pudieran rechazarse sin aportar evidencias científicas de sus riesgos y, de hecho, sus negociadores introdujeron una cláusula que especifica que el Protocolo de Bioseguridad no prevalece sobre los tratados internacionales de libre comercio.

En la práctica, esa cláusula deja la resolución del problema en manos de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Cuando un país rechace una importación de semillas transgénicas, el país exportador podrá denunciarle ante la OMC por incumplir los acuerdos que haya suscrito sobre libre comercio, y será la propia OMC la que tenga que decidir si las dudas presentadas por el importador justifican o no sus precauciones.