El Departamento de Estado de EEUU se hace eco de la polémica del catalán El informe sobre derechos humanos refleja las tensiones lingüísticas

El Departamento de Estado de EEUU se hace eco en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, hecho público el viernes, de la preocupación que existe en sectores de la comunidad castellanohablante de Cataluña por la aplicación de la ley de la lengua catalana, aprobada por la Generalitat en 1998. El documento señala las críticas que se hacen a la ley por "discriminación contra los ciudadanos hispanohablantes y la imposición de una 'hegemonía lingüística' a una población diferente".

De las 6.000 páginas del informe del Departamento de Estado, unas 25 están dedicadas a España. En ellas se hace un amplio repaso a la situación de los derechos humanos en el país en términos descriptivos y de los que la Administración española y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado salen, en conjunto, bien parados. El informe se hace eco de las tensiones lingüísticas provocadas por las leyes de normalización y hace referencia a varios procesos judiciales pendientes en varios tribunales como resultado de la aplicación de la ley catalana. También se refiere al debate "sobre el grado en que la lengua vasca (euskera) debe ser promovida. El sindicato de Abogados Vascófonos, afiliado al partido político pro-ETA HB, intensifica esta campaña contra el uso de servicios de traducción en procesos a ciudadanos vascoparlantes". El texto hace referencia a la no renovación de licencia a "tres emisoras de radio católicas [cadena Cope] de Cataluña" porque "sus solicitudes de renovación no contemplaban seriamente el elemento de la lengua catalana". Los problemas lingüísticos son incluidos en el apartado dedicado a "Minorías nacionales, raciales y étnicas". En él se refleja en primer lugar la encuesta elaborada en la Universidad Complutense de Madrid, en la que el 48% de los estudiantes admiten tener sentimientos contra los inmigrantes, aunque añade otro estudio que señala que el 65% de la población española se opone a la discriminación y a la xenofobia en favor de la integración de los inmigrantes en la sociedad.

No obstante, el Departamento de Estado señala el aumento de las actividades neonazis en España. "Grupos semiorganizados de jóvenes de extrema derecha continuaron cometiendo actos de violencia durante el año aterrorizando a las minorías", y añade que unas 20.800 personas podrían formar parte en la actualidad de grupos de extrema derecha. También destaca el incendio de una mezquita en Girona y el incendio, el pasado 19 julio, de un edificio con inmigrantes de Senegal y Gambia.