Los defensores de los derechos humanos en Chile, aliviados con la derrota de Lavín

Los activistas a favor de los derechos humanos respiraban con alivio anoche al saber que Ricardo Lagos será el nuevo presidente de Chile. Temían la posibilidad de que, en caso de ganar, el candidato de la derecha, Joaquín Lavín, pusiera fin a los avances recientes para hacer justicia por los crímenes cometidos durante la dictadura. Los más optimistas estimaban que el pragmatismo del candidato derechista permitía augurar esperanzas de que, al menos, continuarían los procesos ya en marcha. La victoria, finalmente, ha sido para Lagos, "más comprometido con la independencia del poder judicial", según los analistas.

"Detrás de Lavín están los mismos que nos oprimieron", afirmaba la presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Viviana Díaz, militante del Partido Comunista. Díaz llamó ayer a votar por el candidato socialista, Ricardo Lagos, aunque también tiene dudas de que éste dé satisfacción a los deseos de justicia de las víctimas de la dictadura.El presidente de la Comisión de Derechos Humanos chilena, Jaime Castillo, viejo militante de esta causa y miembro de la Democracia Cristiana, cree que "un Gobierno de Lagos ayudará más a los derechos humanos, no porque Lavín no pueda hacerlo, sino porque lo que hay detrás de cada uno va a pesar de forma muy importante a la hora de afrontar estas causas, sobre todo cuando están referidas al pasado".

Jaime Castillo temía que Joaquín Lavín hubiese intentado una solución de punto final en el esclarecimiento de los delitos cometidos durante el régimen militar, aunque cree que no le hubiera sido fácil cerrar los procesos que ya están en marcha y son objeto de una avanzada investigación contra algunos altos oficiales del Ejército vinculados a Pinochet.

El abogado Hugo Gutiérrez, que tiene presentadas 12 querellas contra Pinochet ante el juez Juan Guzmán por medio centenar de asesinatos cometidos durante la dictadura, estaba convencido de que la victoria de Lavín habría puesto fin a los procesos instruidos por ese magistrado. "El poder judicial en Chile siempre ha tenido un oído puesto en La Moneda [sede presidencial], de donde dependen sus ascensos y su carrera, por lo que un Gobierno de Lavín acabaría con los esfuerzos hechos hasta ahora", aseguraba el abogado.

Gutiérrez afirmaba, sin embargo, que Lagos "está claramente comprometido con la independencia del poder judicial y eso permite mantener esperanzas de que se termine haciendo justicia". Hugo Gutiérrez y Viviana Díaz coincidían en que la propuesta de Lavín de mirar hacia el futuro olvidando el pasado hubiera supuesto la eliminación del debate político chileno del asunto de las responsabilidades por la represión militar, mientras que Jaime Castillo consideraba que la presión de la opinión pública va a obligar en cualquier caso a respetar el trabajo del juez Guzmán. Este magistrado instruye actualmente más de medio centenar de querellas por asesinatos y desaparecidos durante el Gobierno militar. Entre los planes del juez está el de someter a Pinochet a un examen médico a su regreso a Chile y, a menos que esa prueba revele que el exdictador sufre locura o demencia, interrogarle posteriormente.

En sus últimas declaraciones de la campaña electoral, tanto Lagos como Lavín se comprometieron a garantizar la independencia de los jueces, y ambos admitieron la posibilidad de que Pinochet sea procesado en Chile. "Si los jueces lo requieren, tendrá que responder ante los tribunales como cualquier chileno", declaró Lavín en relación a esa posibilidad.

Muchos analistas apuntan, no obstante, que son tantos y tan estrechos los lazos que unen a Lavín y sus colaboradores con las Fuerzas Armadas, que las palabras del candidato de la derecha sólo podían ser interpretadas como una mera estrategia de campaña. El Ejército está preocupado con el peligro de que las investigaciones en marcha, además de implicar a Pinochet, obliguen al desfile de decenas de altos oficiales por los tribunales para responder, como testigos o como imputados, a las preguntas de los jueces.

En estos momentos, el marco en el que se debate esa polémica es el de la Mesa de Diálogo, en la que participan los militares, el Gobierno y los grupos de derechos humanos.