El ex dictador "no puede entender los cargos, explicarse y asistir a un juicio"

El ministro británico del Interior Jack Straw solicitó a la defensa de Augusto Pinochet permiso para revelar el contenido, al menos parcial, del diagnóstico médico, pero el ex dictador lo denegó. El cuadro de situación emergente, pues, es que Straw tiene pensado liberar a Pinochet en base a un informe confidencial sobre el que, incluso, los cuatro médicos autores tienen prohibido hablar. La pieza clave que aparentemente ha decidido el procedimiento de extradición de los últimos 15 meses es un secreto que sólo dos partes conocen: el ministro y Pinochet.En los procedimientos judiciales del Reino Unido los resultados de exámenes médicos pertenecen al paciente-acusado que se ha sometido a ellos y no pueden ser usados, a menos que el acusado dé su consentimiento, como prueba o evidencia.

Además, en este caso no ha sido Pinochet, conscientemente, quien solicitó los exámenes médicos, sino el Gobierno de Chile. La defensa del ex dictador aclaró el pasado 3 de diciembre que no esperaba en ningún caso pedir la liberación de Pinochet por razones médicas. La petición de realizar la revisión fue elevada a Straw por el Gobierno de Chile.

Por tanto, Pinochet, aparte de gozar del derecho británico a la confidencialidad del informe, tiene el argumento de que en este caso no ha sido ni siquiera él quien pidió al Ministerio del Interior dicha revisión.

Fuentes jurídicas consultadas en Londres señalan que no se trata tanto de tener acceso al informe completo, de carácter técnico, sobre la salud de Pinochet, sino a las conclusiones médicas que están relacionadas con la presunta incapacidad del ex dictador para someterse a un juicio.

Straw matizó ayer en la Cámara de los Comunes, tres elementos que le han llevado a considerar que el ex dictador no debe ser extraditado: no sería capaz de entender los cargos que se formulan contra él; no estaría en condiciones de expresar a sus abogados lo que cree que deberían hacer en su defensa, y su estado de salud no le permitiría asistir a un juicio.

Las organizaciones humanitarias y varios gobiernos, precisamente, desearían que el Ministerio británico del Interior fuera transparente en relación con las bases médicas de dichas tres conclusiones.