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La decisión de Garzón

La decisión del juez Garzón de procesar a 98 argentinos (...) y pedir su captura internacional constituye una abierta violación al principio de territorialidad de la ley penal y a la soberanía nacional. No se trata de defender aquí las injustificables violaciones a los derechos humanos (...). De lo que se trata es de que no se avasalle el derecho de toda nación a procesar sus conflictos y a juzgar por medio de sus propios magistrados los presuntos delitos que hayan tenido lugar en su territorio. (...) Hasta tanto no se cuente con leyes o tratados internacionales (...) nadie está en condiciones de violar el principio de territorialidad de la ley penal. En otras palabras, los delitos penales deben seguir siendo juzgados, necesariamente, en el país donde fueron cometidos. (...) En el caso que nos ocupa, la decisión de Garzón también resulta improcedente porque algunos de los militares a los que ahora procesa ya han sido juzgados y condenados por los tribunales argentinos.Garzón debería saber que, sin ir más lejos, España, cuando dejó atrás el franquismo e inició su senda democrática, se cuidó de evitar los revanchismos políticos y buscó la reconciliación nacional, al igual que la cicatrización de viejas heridas.

El rechazo a la decisión no implica, entonces, la negación de los graves hechos sucedidos en nuestro país ni su olvido. Representa, en cambio, un sentimiento de indignación por lo que puede considerarse una injerencia en asuntos que hacen a la soberanía de un país y que fueron objeto de la justicia argentina. (...)

5 de noviembre

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