Europa se blinda contra el crimen

La Unión Europea (UE) declaró ayer la guerra contra el blanqueo de capitales, "auténtico corazón del crimen organizado". Los jefes de Estado y de Gobierno aprobaron ayer una "acción especial" contra este fenómeno, que incluye el compromiso de que todos los Gobiernos lo perseguirán en sus "territorios dependientes" o paraísos fiscales, como Gibraltar.Otros acuerdos sobre las exigencias comunes ante las demandas de asilo, el filtro a la inmigración, un Estatuto común para los residentes que proceden de terceros países y el reconocimiento mutuo de sentencias judiciales componen la "zona de libertad, justicia y seguridad" que se irá tejiendo en los próximos cinco años.

Los líderes fueron más allá de lo previsto en la lucha contra el blanqueo de capitales, un asunto en el que sus ministros de Economía y Hacienda se habían embarrancado, defendiendo directa o indirectamente a sus paraísos fiscales convertidos en cuevas de criminalidad, como es el caso de la colonia gibraltareña.

Para combatir el blanqueo de capitales procedentes de actividades ilícitas, el Consejo Europeo aprobó varias medidas. La principal es la supresión del secreto bancario ante las Unidades de Información Financiera (UIF), organismos que en unos casos tienen carácter policial, en otros judicial y en algunos meramente administrativo. La supresión del secreto operará frente a transacciones "sospechosas" cuando sea necesario investigarlas.

El presidente francés, Jacques Chirac, capitaneó este endurecimiento. Ni Jean- Claude Juncker, primer ministro de Luxemburgo, un país con un secreto bancario similar al suizo, ni su colega británico, Tony Blair, que ampara los paraísos fiscales del Canal de la Mancha y de Gibraltar, pusieron pegas. Exigieron, eso sí, que se garantice "la supervisión judicial" aunque ésta podría articularse a posteriori, una vez iniciadas las pesquisas.

Directiva aparcada

Los jefes de Gobierno ordenaron también a sus ministros de Economía que aprueben de una vez la directiva reformada sobre este asunto que sestea entre sus expedientes. El texto de 1991 obligaba a los bancos a efectuar declaraciones sobre las transacciones sospechosas; el nuevo texto extiende esta obligación a las entidades intermediarias como casinos de juego, despachos de abogados que realizan labores de asesoramiento fiscal o chiringuitos financieros.

Tanto esta norma comunitaria como las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera obligarán a "todos los territorios dependientes" de los Estados miembros, entre ellos las islas del Canal, Gibraltar, y las distintas escupideras del mar Caribe.

Además, los Quince aproximarán sus leyes y procedimientos penales utilizados para la "investigación, congelación y confiscación" de fondos negros, con la intención de agilizarlos; ampliarán las competencias de la agencia Europol en la persecución del lavado de capitales (ahora puede perseguirlo sólo si va vinculado a delitos como el narcotráfico, lo que muchas veces se ignora al iniciar las pesquisas); y cooperarán con terceros países especializados en producir este tipo de delitos, aunque sin establecer, como se había pensado, ni una "lista negra" de Estados-delincuentes ni una "lista blanca" de Estados-ángeles.

Los Quince dieron también la luz verde a una amplia retahíla de medidas de coordinación policial y represión contra el crimen. Y acercaron posiciones en los asuntos clave del asilo político y la inmigración, de forma que si bien no restringe las libertades, al menos parece no expanderlas.

Armonización del asilo

A partir de ahora se trabajará en el desarrollo de un Sistema Común Europeo de Asilo, que supondrá un mecanismo claro para determinar cuál de los Estados es responsable de tramitar las demandas; criterios comunes de procedimiento, y condiciones comunes de acogida de los solicitantes de asilo. Más tarde se pretende llegar a un procedimiento común y a un estatuto uniformizado.

Las críticas de organizaciones de derechos humanos incitaron a que esta construcción se haga respetando el Convenio de Ginebra y, sobre todo, el principio de que "nadie debe ser devuelto a un lugar donde se le someta a persecución". El liberalismo humanista ganó una pequeña-gran partida a una Unión de policías y carceleros.

En sentido constructivo, una gran noticia: los jefes de Gobierno acordaron ir diseñando un estatuto legal para los residentes en sus países durante largo tiempo que procedan de otros países, que les otorguen "el mismo nivel de derechos y obligaciones que a los ciudadanos de la Unión", entre otros derechos sociales como a la educación o al empleo, así como la posibilidad de obtener la ciudadanía del Estado en el que residen.

Pero la buena nueva se queda coja porque la Unión no se plantea una fecha concreta para ponerlo en solfa, a diferencia de lo que hace con muchas de las propuestas de carácter policial. La principal esperanza es que la presión ciudadana supla tal laguna. Hay posibilidades. El Consejo Europeo se comprometió a examinar en diciembre del 2001 los avances realizados en todos estos asuntos y encargó a la Comisión que efectúe una propuesta de calendarios, medidas y detalles con que poner en práctica las medidas proyectadas.