Farmaindustria recurrirá ante la UE la rebaja del precio de los fármacos

La patronal de los laboratorios farmacéuticos, Farmaindustria, denunciará ante la Comisión Europea el decreto del Gobierno que reduce el precio de los fármacos en una media del 6%, que entró en vigor el miércoles y fue avalado ayer por todos los grupos parlamentarios en el pleno del Congreso. Algunos laboratorios también recurrirán por la vía contencioso-administrativa para obtener una indemnización.

El ministro de Sanidad, José Manuel Romay, ha impulsado el decreto de reducción de precios con el objeto de contener el gasto farmacéutico. Su intención es reducir ese gasto en 52.000 millones de pesetas el año que viene (y en 7.600 millones en lo que queda de año). Los laboratorios, que verán reducidos sus beneficios en unas cifras similares, califican la medida de "confiscatoria", y su patronal prepara acciones jurídicas contra ella.Farmaindustria denunciará el decreto ante la Comisión Europea por entender que su contenido es contrario a los principios de transparencia y libre competencia que imponen las directivas comunitarias. En España, los precios de los medicamentos cubiertos por la Seguridad Social están intervenidos por el Gobierno, que también es el principal cliente de los laboratorios, ya que la sanidad pública supone el 82% de su volumen de negocio.

Según fuentes de Farmaindustria, el decreto agravará, además, el problema del mercado paralelo, que consiste en lo siguiente. Los precios de los medicamentos son más bajos en España que en la mayoría de los países de la UE. Ello ha permitido que algunos distribuidores internacionales se dediquen a comprar fármacos en España para venderlos después en otros países.

Este mercado paralelo saca de España fármacos por valor de unos 50.000 millones de pesetas cada año, según algunas estimaciones. Los principales perjudicados son los laboratorios multinacionales, que pierden parte de sus márgenes en los países de destino. El decreto de reducción de precios agravará esta situación. Farmaindustria cree además que el decreto supone "una verdadera expropiación sin causa", y considera inadmisible que el Gobierno haga recaer todo el peso de uno de sus objetivos de gestión sobre un colectivo de empresas privadas, que ven así "confiscados" sus beneficios. Los precios de los medicamentos, recuerda Farmaindustria, se fijaron en su día en función de factores económicos objetivos que no se pueden modificar por decreto. Por estas razones, la patronal anuncia recursos contencioso-administrativos contra el Gobierno destinados a obtener indemnizaciones por una cuantía aún no precisada. Estos recursos deben ser presentados por cada laboratorio particular, y algunos ya han anunciado que lo harán.

La industria, sin embargo, no contará con apoyos políticos. Todo el arco parlamentario avaló ayer el decreto en el pleno del Congreso, si bien todos los grupos criticaron la medida por varias razones. El PSOE considera que el decreto viene a demostrar que el Gobierno no está consiguiendo contener un gasto farmacéutico "desbocado". Para IU, la medida no hace más que aplazar una verdadera racionalización del gasto. CiU criticó el daño que se hace a los laboratorios y a sus inversiones en investigación. Otros grupos criticaron la falta de diálogo que ha demostrado Romay.