Las medicinas costarán una media de un 6% menos a partir de septiembre
Sanidad prevé que el Sistema Nacional de Salud ahorre 50.000 millones el próximo año
El Gobierno aprobó ayer otra medida tendente a reducir la gruesa factura pública en fármacos que, de paso, va a beneficiar a los consumidores. Ésta consiste en aplicar por decreto reducciones de entre el 4,6% y el 10%, dependiendo del precio del fármaco, que sufrirá un mayor recorte cuanto más alto sea éste. Con tal medida, Sanidad calcula un ahorro para el próximo año de 52.400 millones de pesetas (apenas el 5% de la factura total, que pasará ya el billón). La industria farmacéutica reaccionó airadamente tachando la decisión de "desproporcionada y confiscatoria".
El Consejo de Ministros acordó aprobar este decreto aplicando una complicada fórmula matemática a los precios de venta de laboratorio. La explicación textual dada por el Gobierno es la siguiente: "El porcentaje de reducción es progresivo en función del nivel de los precios autorizados, encontrándose en una banda del 4,6% al 10%. Así, por ejemplo, los medicamentos con un precio de venta al público autorizado de mil pesetas lo reducirán en el 4,91%, y los de 5.000 pesetas, en el 6,57%, produciéndose ahorros en estos casos de 49 y 328 pesetas, respectivamente". El decreto establece que desde el 15 de septiembre próximo los laboratorios suministren sólo especialidades farmacéuticas con los nuevos precios, bien con nuevos embalajes o reetiquetando los existentes. Durante un periodo de tiempo coexistirán medicamentos con los precios actuales y los revisados como consecuencia de las existencias existentes. Gasto imparable Hay que tener en cuenta que estas reducciones no afectarán a los medicamentos cuyo precio al público sea inferior a las 558 pesetas. Tampoco se reducirán los precios de las medicinas no financiadas por la sanidad pública, los calificados de uso hospitalario, los anestésicos generales, los contrastes radiológicos y los envases clínicos. El ministro portavoz del Gobierno, Josep Piqué, en la rueda de prensa posterior al Consejo, subrayó que, desde julio de 1996, el precio de los medicamentos en España se ha reducido en un 11%, de modo que los productos farmacéuticos que costaban entonces 1.000 pesetas cuestan ya 850. Las cifras oficiales aportadas hasta ahora arrojan, sin embargo, un imparable aumento de la factura farmacéutica, que supone ya la cuarta parte del gasto sanitario público español. La factura pública en fármacos alcanzó el año pasado los 916.778 millones de pesetas (un 10,2% más que el año precedente), y las previsiones para este año hablan de un incremento del 16,1%. Según los datos expuestos ayer por Piqué, con el real decreto aprobado, el ahorro para los pacientes será de 750 millones de pesetas en lo que queda de año y de 4.900 millones en el año 2000, mientras que el Sistema Nacional de Salud ahorrará más de 7.000 millones de pesetas durante el presente ejercicio y unos 52.000 millones el próximo año. Este decreto se suma a otras medidas aprobadas con anterioridad para intentar contener el gasto público farmacéutico como el medicamentazo, que excluyó de la financiación pública más de 800 medicinas, o el decreto de genéricos, que pretende extender el uso de estos medicamentos sin marca que resultan más baratos. Farmaindustria, la patronal que aglutina a los laboratorios, anunció que recurrirá el decreto. Fuentes de esta patronal explicaron a Efe que considera la medida "confiscatoria", y explicaron que, en su opinión, "está en contra de la legislación actual". Además, la patronal de la industria farmacéutica calificó la decisión de "totalmente injusta". Con la aprobación de este decreto se resienten las ya deterioradas relaciones que vive la Administración con la industria farmacéutica. Esta última decidió bloquear el pasado 21 de julio el pago de 30.000 millones de pesetas que aún debía a las arcas públicas. Tal cifra era lo que quedaba por pagar del pacto acordado de 65.000 millones para 1998 y 1999 para contener el gasto. La patronal farmacéutica consideró entonces que el decreto para impulsar el consumo de genéricos, aprobado en junio, vulnera el espíritu del acuerdo suscrito.
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