La UE inicia un expediente a Bélgica por su actitud en el escándalo de la dioxina

La Comisión Europea inició ayer un expediente a Bélgica por su actuación en el escándalo de la dioxina. El procedimiento, llegado el caso, podría llegar hasta una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La Comisión acusa al Gobierno belga de no haber informado a tiempo sobre la contaminación registrada en sus pollos y huevos, y de no respetar la prohibición para comercializar leche. Unos 12.000 agricultores belgas (3.000 según fuentes policiales) exigieron indemnizaciones por los daños económicos que están sufriendo.

El Gobierno belga tendrá que responder al requerimiento de la Comisión en un periodo de diez días. Si las explicaciones de las autoridades belgas no resultan convincentes, el Ejecutivo comunitario les enviará un dictamen motivado, instándoles a que respeten la normativa de la UE. La última fase del procedimiento podría ser, llegado el caso, una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La Comisión acusa a Bélgica de haberse retrasado en la comunicación de la contaminación y de no respetar la decisión del 11 de junio, en la que prohibió la comercialización de los productos lácteos, junto con otros productos ganaderos, procedentes de las explotaciones afectadas por la contaminación.

"Al no informar inmediatamente a la Comisión y a los otros Estados miembros de la presencia de dioxina en la alimentación humana y animal, Bélgica no ha respetado las obligaciones que emanan de las directivas comunitarias sobre intercambios intracomunitarios", señala un comunicado del Ejecutivo europeo.

Tardanza de un mes

El Gobierno de Bruselas tardó al menos un mes en comunicar la contaminación desde que se confirmaron las fuertes sospechas sobre el origen del problema, los piensos destinados a la alimentación de los animales. La Comisión también anunció que podría dar luz verde en los próximos días a la comercialización de los productos lácteos belgas cuyos análisis den un resultado negativo.

En Bélgica, la crisis política y sanitaria desatada por el escándalo de las dioxinas (que el viernes próximo cumplirá un mes) ha dado paso también a una crisis económica, sobre todo para los industralies avícolas de Flandes, donde se concentra la mayor parte de la producción de pollos y huevos belgas.

Unos 12.000 agricultores flamencos (3.000 según fuentes policiales) se manifestaron ayer en las calles de Bruselas para pedir a las autoridades nacionales una rápida indemnización por los daños económicos que están sufriendo como consecuencia de la crisis.

Una delegación encabezada por el poderoso sindicato agrícola flamenco Boerenbond presentó al rey Alberto II una carta con 18.000 firmas para que medie en favor de los campesinos. Noel Devisch, presidente de la organización (una de las más influyentes del país), declaró que las organizaciones agrícolas "no están dispuestas" a esperar a la formación de un nuevo Gobierno en Bélgica, que acaba de celebrar elecciones generales -en las que los votantes castigaron duramente a la coalición socialcristiana-, para recibir esas indemnizaciones.

En España, el ministro de Sanidad y Consumo, José Manuel Romay Beccaría, señaló que se están desbloqueando productos procedentes de Bélgica que fueron inmovilizados en las últimas semanas, y agregó que se está actuando "con rigor y seriedad". Fuentes de Sanidad cifraron en unas 500 toneladas los productos desbloqueados hasta el viernes pasado, de las casi 3.500 toneladas que habían sido inmovilizadas por las comunidades autónomas.