La asociación contra el cáncer obliga a dimitir a su director general

Altos cargos de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) han obligado a dimitir a su director general, Ricardo Alba, y han anunciado una auditoría sobre los últimos cinco años de su gestión. La AECC afronta así la crisis originada tras las "lagunas financieras" observadas por la Comisión Europea en la gestión española de los 700 millones donados para combatir el cáncer en Latinoamérica mediante el programa ALICC.

Un comunicado hecho público ayer por la Asociación da cuenta de que la dimisión fue presentada en la noche del pasado viernes y de que será comunicada al Consejo Ejecutivo Nacional del próximo día 28. La presidenta, Esperanza Macarena Aragón, anunció también que una comisión de expertos estudiará la gestión de Alba durante los últimos cinco años. "Los resultados de esta investigación, que será transparente", añade, "se harán públicos y permitirán a la Asociación ejercitar las acciones legales que, en su caso, procedan".Concluye así la polémica gestión de un hombre que, hasta que murió María Fernanda Méndez-Núñez, condesa de Elda, fue todopoderoso en la Asociación. Alba, un maestro nacido en Toledo, conoció a la aristócrata cuando compartían militancia en Fuerza Nueva, el partido ultraderechista de Blas Piñar. Cuando ella accedió a la presidencia, hace ahora nueve años, le nombró primero presidente del voluntariado y después director general de la ONG más poderosa del país, con un sueldo cercano a las 400.000 pesetas mensuales, una vivienda a cuenta de la asociación y plenos poderes para hacer y deshacer.

"Confío plenamente en él", dijo la condesa de Elda a la Junta Directiva. Nadie cuestionó su fulgurante ascenso. Porque nadie ponía en duda ninguna decisión de la presidenta más entregada y eficaz de toda la historia de la AECC. Por eso tampoco se levantó la voz cuando Alba se autoadjudicó en usufructo un lujoso piso en el centro de Madrid donado a la Asociación por dos hermanas que murieron sin herederos. Y nada sospecharon cuando la presidenta, ya enferma, regresó de Houston, y él dijo: "Nada preocupante. Se recuperará pronto". Hasta que un día, uno de los médicos de la Asociación se encontró casualmente en el aeropuerto de Barajas (Madrid) a la hija adolescente de la condesa de Elba tirando de una silla se ruedas. En ella iba la presidenta gravamente enferma de cáncer, hemipléjica y expresándose dificultosamente con monosílabos. La sorpresa fue monumental. Tanto, que tendieron a Alba una trampa. Llamaron para interesarse por la salud de la condesa. El gerente contestó con la confianza de siempre: "Estupendamente. Se recupera muy bien. Esta tarde hemos estado de compras en unos grandes almacenes".

Algo pasaba. El médico se lo comunicó a la Junta Directiva. Más de uno empezó a atar cabos. A veces intentaban hablar con ella y siempre se cortaba la comunicación. "Hay que ver lo mal que funcionan los móviles, porque yo hablo con ella todos los días", dijo Alba a un presidente provincial. En medio de esta situación confusa, el médico Gabriel Farante, enviado por la UE para inspeccionar la gestión de los primeros 700 millones de pesetas entregados a España para prevenir el cáncer en Latinoamérica, comentó al médico Hernán Cortés-Funes, jefe de Oncología del Doce de Octubre de Madrid: "No habéis salido bien parados de la auditoría que os hemos hecho". Cortés no sabía de qué le hablaba y le pidió una copia: allí constaba que España gestionaba el programa ALICC a través de una cuenta que la Asociación desconocía, y de la que sólo tenían información Alba y un tesorero nombrado por él. También se destacaban reuniones poco justificadas en hoteles de lujo, billetes en primera clase, toneladas de folletos inservibles en muchos casos, se reiteraban que la mayor parte del dinero de la UE permanecía en España.

El conocimiento de los manejos de Alba en ALICC causó estupor. Varios miembros de la Junta Directiva declinaron ante notario cualquier responsabilidad. Por ejemplo, sobre el dato de que la partida más cuantiosa del programa -dos talones por valor de 22 millones de pesetas- se destinó precisamente a la impresión de los folletos criticados en la auditoria. Dichos folletos fueron cobrados por la empresa Capital 25 Marketing y Publicidad SL, inscrita en el registro mercantil de Pozuelo (Madrid) justo cuando se recibió la primera remesa financiera de la Unión Europea. Como administradora única figura María Soledad de Montes Jovellano-Cuesta, una vieja amiga de Alba de los tiempos de Fuerza Nueva.

Paralelamente, I.G., empleada de la asociación, no comprendía por qué se rechazaba la oferta de papel gratis y de mejor calidad que hizo la papelera Torras para facilitar l impresión de folletos . Demasiadas sombras. Tantas que Alba se vio obligado a exhibir una carta mecanografiada de dos folios en la que la condesa de Elda decía: "Mantengo conversaciones diarias con Ricardo Alba. A lo largo de estos nueve meses del año, en la que mi participación ha sido nula, he podido comprobar que la estructura del equipo de trabajo ha funcionado perfectamente (...). Mi felicitación más sincera como máximo responsable a Alba y a todo el personal, porque están realizando un extraordinario esfuerzo".

El problema era la fecha, el 18 de septiembre de 1997, un año antes del fallecimiento de la presidenta. Y la firma, perfecta, sin trazos irregulares que delataran a una enferma en fase terminal. La casualidad volvió a jugar contra Alba. Dos días antes, el conde de Elda había comentado al conde de Coria, secretario de la AECC durante ocho años, que su mujer estaba muy mal, que no podía coger un lápiz desde hacía meses y mucho menos escribir un par de sílabas. Fue entonces cuando el doctor Hernán Cortés Funes, jefe de del Departamento de Oncología del Hospital Doce Octubre de Madrid, presentó una demanda contra la directiva de la Asociación por supuesta falsificación de firma, usurpación de funciones, ocultación de datos financieros y gestión irregular. Fue entonces también cuando los históricos fueron apartados por Alba de la Junta Directiva y se dio paso a cinco nombres nuevos. Dos de ellos, la presidenta y el vicetesorero, Teófilo Hernández, han optado por la dimisión.