Fundaciones sanitarias

El PP acaba de presentar una enmienda a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos del Estado en la que se propone la conversión de los centros del Insalud en fundaciones públicas sanitarias, que serían el mecanismo a aplicar para la nueva regulación de la gestión de la sanidad. Lo primero que llama la atención de esta propuesta es la urgencia y alevosía con que se realiza. Se trata de una propuesta antigua y que, lógicamente, debería plantearse tras un amplio debate social y profesional que no se ha realizado, y que carece de sentido que aparezca de manera tan sospechosa en la Ley de Presupuestos, que, obviamente, no está hecha con esta finalidad.La propuesta concreta que se hace, las fundaciones sanitarias públicas, tiene tres tipos de problemas. El primero tiene que ver con la estructura y organización de la sanidad pública. En la práctica supone la desintegración del Sistema Nacional de Salud, rompiendo su coordinación y planificación en aras de la conversión en empresas de los centros sanitarios. Precisamente, la Ley General de Sanidad se planteaba el acabar con la descoordinación y desintegración de la red sanitaria pública, que había demostrado su ineficiencia. Porque esa empresarización de la que se habla impide la cooperación entre los centros y genera duplicaciones innecesarias y derroche de medios.

La lógica de esta medida lleva a la competencia entre centros, con la ruptura de la cooperación y el establecimiento de un mercado interno en el sistema sanitario, en busca de los resultados económicos, y no de la salud. Se incrementarán los gastos de administración y gestión, que serán detraídos de los dedicados a la atención sanitaria, y que repercutirán en disminuciones de las plantillas y en un empeoramiento de la calidad de las prestaciones.

El segundo es que favorece la privatización de la sanidad por varias vías:

-Externalización de la provisión de servicios sanitarios mediante su subcontratación a empresas privadas.

-Posibilidad de enajenación del patrimonio de las fundaciones, a pesar de tratarse de un patrimonio que procede de los fondos de la Seguridad Social y de los Presupuestos del Estado, con lo que los centros más rentables pueden y acabarán vendiéndose al sector privado.

-Mercantiliza la asistencia. Lo importante no va a ser el atender la salud, sino el control del gasto y el ahorro.

Por otro lado, se empeoran las condiciones de los trabajadores del sistema sanitario público (recientemente, el New England señalaba las presiones que recibían los médicos en un sistema parecido al que se propone, que se concretaban en disminución de las derivaciones, de las exploraciones realizadas y de la información a los pacientes, en más del 20% de los casos comprometiendo la asistencia necesaria). Por fin, no se contemplan mecanismos de participación en las fundaciones, de manera que resulta que los escasos sistemas de control de los profesionales y los usuarios sobre la gestión de los centros desaparecen.

El Insalud se supone que es un ente en proceso de desaparición en la medida en que se produzcan las transferencias a las comunidades autónomas, prometidas para antes de finalizar la legislatura. Esta medida, no negociada con ellas, vacía de contenido esas transferencias, ya que las comunidades autónomas que las reciban va a carecer de capacidad real para definir la estructura y organización de sus sistemas sanitarios regionales.

Todos estos motivos nos deben llevar al rechazo de una medida que es la expresión de una política privatizadora y desreguladora para el Sistema Nacional de Salud, y que en los países en los que se ha implementado, como sucede en el Reino Unido, han producido un retroceso importante en el funcionamiento y en la calidad de su servicio sanitario.