... ni para Massera

LOS FUERTES vientos contra la inveterada impunidad para los dictadores que corren en este 50º aniversario de la Declaración de Derechos Humanos acaban de llevar en Argentina a prisión preventiva al ex almirante Emilio Massera, miembro de la junta presidida por Jorge Videla que encabezó el golpe de Estado en 1976. Un poder sanguinario que hizo desaparecer a más de 30.000 personas en siete años. Como Videla el pasado julio, procesado por el secuestro de menores nacidos en cautiverio durante su tiranía, Massera, el almirante Cero, ha sido acusado por la juez María Servini del secuestro y desaparición de dos recién nacidos en la maternidad clandestina que montaron los marinos en la Escuela de Mecánica de la Armada, su infame campo de concentración.Massera, como Videla, fue juzgado y condenado en 1985 a cadena perpetua por asesinatos, torturas y secuestros. Y amnistiado por el presidente Carlos Menem -en 1990 y contra la opinión mayoritaria de los argentinos- tras las leyes de "obediencia debida" y "punto final" promulgadas en 1987 por su antecesor, Raúl Alfonsín. Pero la sustracción de menores (las Abuelas de la Plaza de Mayo han denunciado la desaparición de más de 230 niños en centros de detención) es un aspecto de la dictadura no protegido por las leyes de amnistía. Es un delito de lesa humanidad, imprescriptible. En ese hueco hurgan la juez Servini y, en el caso de Videla, el juez Roberto Marquevich. Para satisfacción de los argentinos de buena fe y desmayo de los militares implicados en la barbarie de la junta, que se creían a salvo y que ahora ven impotentes cómo, en la estela de Pinochet, el cerco de la civilización se estrecha imparablemente sobre ellos. Y esta vez, en su propio país.