El Gobierno integra los colegios privados en la red oficial de centros en el extranjero

Los colegios privados podrán formar parte de la red oficial de centros de España en el extranjero. Esta modificación, publicada en el Boletín Oficial del Estado del 1 de octubre, es un rotundo giro en la orientación de los servicios exteriores españoles, cuyo objetivo básico era hasta ahora exportar el sistema educativo español. Con la nueva norma podrá obtener la denominación de Colegio Español o Colegio Hispano y ofrecer el título oficial que se da en España cualquier centro privado situado en el exterior, sin que tenga que impartir un tipo de enseñanza en concreto o que se ajuste al currículo español.

Con esta medida el Gobierno entrega al sector privado parte de la representatividad oficial del sistema educativo en el extranjero, cuyo presupuesto para 1999 es de 15.968 millones de pesetas. Se integrarán en la red española centros creados como un negocio, muchos de los cuales no imparten el sistema de enseñanza español, especialmente los instalados en países de lengua no española. En la orden no se dice específicamente que estos centros tengan que ser instituciones españolas ni meramente educativas.Esta privatización parcial impulsada por el Ejecutivo no supone que se vaya a financiar a los centros privados, pero además permite sortear la necesidad de invertir recursos para ampliar y actualizar la red pública, integrada por 28 centros en ocho países, según datos del curso pasado.

Un único control

Desde el momento en que empezó a gestarse, la iniciativa despertó controversia entre los responsables del Ministerio de Educación y Cultura. Eugenio Nasarre, secretario general de Educación, consideró que la iniciativa no era acertada política ni educativamente y planteó que era preferible que las inversiones se destinaran a crear nuevos centros y a reformar los actuales. Por el contrario, el subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura, Ignacio González, argumentó que la integración de centros privados permitía ampliar la red con los recursos disponibles.La orden, publicada en el BOE del 1 de octubre, señala en uno de sus apartados que el centro privado debe incluir, junto a los objetivos, contenidos y criterios de evaluación "del sistema de enseñanza del Estado en que cada centro se ubique", los propios de las áreas de literatura española, geografía e historia de España, a los que se incluirá la materia de lengua española, en los países de otra lengua. El único control que se hará a los centros será para garantizar la correcta enseñanza de estas materias.

Esto quiere decir que, para que un centro privado pertenezca a la red española, podría bastar con que incluyera dichas asignaturas en uno de los grupos de alumnos de cada nivel educativo.

Según fuentes cercanas al Ministerio de Educación y Cultura (MEC), sus representantes han justificado la falta de criterios educativos de la medida con dos razones: que la ampliación de la red permite que la cultura española siga creciendo en el exterior y que es una manera de contentar a los colectivos de emigrantes, que piden que aumente la oferta de centros en el extranjero.

Pero el coste de estudiar en muchos de esos centros privados no baja del millón de pesetas, lo que se compadece mal con el contenido de otro de los apartados de la orden, el que señala que en la admisión de alumnos en estos colegios no debe existir discriminación alguna por razones sociales.

Para poner en marcha esta medida, el Gobierno se ha acogido a un apartado de un real decreto, el 1.027, que regula la acción educativa en el exterior, promulgado en 1993 por el Gobierno socialista. Este punto dejaba abierta la posibilidad de que se establecieran conciertos con instituciones privadas, una alternativa inicialmente concebida para casos excepcionales, en los que debía tener más peso la educación española que la del país de acogida.

La orden tampoco indica si los alumnos que reciban el título español a través de esta modalidad podrán ingresar en una universidad española o deben hacer la selectividad, cuyos contenidos probablemente no coincidirían con los aprendidos por ellos.

La iniciativa del departamento de Esperanza Aguirre permitirá abrir la puerta a los convenios del Ministerio de Educación con colegios o instituciones religiosas de países latinoamericanos, como la República Dominicana, México, Uruguay, Chile o Guatemala, país este último del que los representantes educativos ya han recibido alguna oferta. Con estos acuerdos, los centros privados latinoamericanos ofrecerían un título español a sus alumnos, aunque seguirían impartiendo su propio sistema educativo, con lo que el cambio no les supondría prácticamente ningún coste y mantendrían la titularidad de los centros.

Los colegios españoles en el exterior dependen del MEC y fueron creados originalmente para atender las necesidades educativas de los emigrantes en otros países.