Un caso de corrupción bloquea la ayuda humanitaria de la UE

El Partido Popular Europeo (PPE), apoyado por verdes y liberales, y con el voto contrario socialista, ha bloqueado la ayuda humanitaria de la Unión Europea (alimentos y medicinas de emergencia para países en catástrofe), por un importe de 55.000 millones de pesetas consignados en el proyecto de presupuesto comunitario para 1999. Es una presión de un sector del Parlamento Europeo sobre la Comisión, al socaire de un caso de corrupción que ya está ante los tribunales.

Por 19 votos contra 18, la Comisión de Presupuestos del Parlamento decidió "pasar a reservas" -convirtiéndolas de esa forma en indisponibles- todas las partidas destinadas en 1999 a la agencia de ayuda humanitaria de la Comisión, ECHO. Se trata de 330 millones de euros, unos 55.400 millones de pesetas. La primera enmienda para actuar contra ECHO partió de dos diputados populares, el español Juan Manuel Fabra y el alemán Stan TillichEl bloqueo afecta a la ayuda alimentaria y médica de emergencia a los países pobres o víctimas de catástrofes o de crisis graves; las acciones en favor de refugiados, desplazados y repatriados; la ayuda humanitaria en la Europa oriental; y la prevención de catástrofes. Ahora será el pleno del Parlamento el que debe tomar cartas en el asunto, para lo que necesita 314 votos.

Los populares han aplicado el bloqueo para presionar a la Comisión. Lo que pretenden es que Bruselas entregue al Parlamento el informe de su Unidad de Lucha Antifraude (UCLAF) sobre un caso de corrupción en la ayuda humanitaria registrado en 1995; y que entregue a los tribunales, toda la documentación interna y confidencial -y no sólo la relevante- derivada del caso. "La prueba de que la enmienda es buena es que ha logrado llamar la atención; yo espero que la Comisión hará lo necesario para que podamos liberar la ayuda humanitaria", declaró a este diario Juan Manuel Fabra.

"Es absurdo que se tome como rehén la ayuda humanitaria en el presupuesto de 1999 por un asunto de hace tres años; es absurdo porque la Comisión ya ha llevado ese asunto ante la Justicia penal; y sería una barbaridad que hubiese un planteamiento político detrás de esta actuación" del PPE, replicó Barbara Dührkop, diputada socialista y ponente del presupuesto.

Los socialistas alegan que se podría haber presionado a la Comisión bloqueando gastos administrativos, "pero nunca el fondo operacional, el dinero que debe ir a las víctimas de catástrofes y hambrunas". "Se ha tomado el enemigo equivocado", coincidió el presidente de la comisión de Presupuestos, Detlev Samland.

El ejecutivo deberá reaccionar la semana próxima, ante el Pleno. Hasta ahora, la Comisión se ha negado a entregar todos los papeles de sus investigaciones internas, porque incluyen declaraciones obtenidas de distintos funcionarios bajo garantía de confidencialidad, y romperla equivaldría a traicionarlos.

El comisario de Presupuestos y Personal, Erkki Liikanen, argumenta además con bastante base que la Comisión ya empezó la limpieza por su propia iniciativa, al enviar en julio al funcionario Hubert Onidi, acusado de haber desviado unos 75 millones de pesetas de ECHO en 1985, ante el juez penal de Luxemburgo. Algo que reiteraron el pasado día 17 el primer comisario responsable de ayuda humanitaria, Manuel Marín, y su sucesora, Emma Bonino.

Cuestión distinta es que la UCLAF funciona lentamente y con errores. Tardó cuatro meses en investigar a la empresa Perry-Lux (la vinculada a Onidi), dando tiempo a que desaparecieran documentos; tardó trece meses en proponer medidas; no envió sus investigaciones a los departamentos afectados; filtró parcialmente sus trabajos y ella misma contrató con la empresa Perry-Lux.

Por si fuera poco, los contratos sobre los que se montó el fraude se usaban en dieciséis direcciones generales de la Comisión Europea, además de utilizarse en ECHO.