Correctos y creíbles

LAS GRANDES cifras de ingresos y gastos públicos que vertebrarán los Presupuestos Generales del Estado para 1999, y que ayer explicó el Gobierno, parecen correctas en esta coyuntura y relativamente creíbles en una primera lectura, a la espera de conocer el detalle, que se dará a conocer el martes. No es disparatado prever un aumento en los ingresos públicos del 4,8%, incluso a sabiendas de que la reforma del IRPF reducirá la recaudación pública en 400.000 millones en la hipótesis más favorable. La tasa de crecimiento, la prolongación de los beneficios empresariales y el aumento de los impuestos de la gasolina -ayer se anunció que subirá 1,50 pesetas por litro- pueden compensar sobradamente el efecto de la reforma fiscal (se cambian impuestos directos por indirectos, lo que es discutible). Es coherente la cifra de déficit público, el 1,6% del PIB, dos décimas inferior al establecido en el programa de convergencia, si se admite una subida de los ingresos próxima al 5%. También es razonable el reajuste de las previsiones de crecimiento, aunque quizá el 3,8% de aumento del PIB sea una previsión todavía optimista, visto lo que cae. Es chocante que con ese crecimiento anual se apueste por un aumento tan moderado del empleo (2,8%). Rato explicó esta anomalía por la prudencia: vale más quedarse cortos en la previsión de ingresos por cotizaciones sociales. Pero también puede ser un reconocimiento anticipado de que la creación de empleo ya ha visto sus mejores momentos.Puede objetarse que las previsiones de aumento del gasto público son menos creíbles: el Gobierno apuesta por una tasa de aumento del gasto del 3,8%, igual a la del crecimiento económico. Los fundamentos de esta presunción son el ahorro aproximado de 150.000 millones en los costes financieros de la deuda, el recorte de pagos de cuantía parecida en la protección al desempleo y en la disminución real de los gastos corrientes, que crecerán menos que la economía (3,6%). Pero hay otras incertidumbres importantes: el gasto en sanidad crecerá a un ritmo del 9% y el Gobierno pretende dotar de un cierto pulso a la construcción de infraestructuras con un aumento de las inversiones del 6,1%. Si en algún punto los argumentos del Gobierno flaquean es precisamente en éste. La contención del déficit en 1997 y 1998 se ha sustentado precisamente en un control férreo del gasto en inversiones públicas, cuando no directamente en su supresión. Si el año próximo se introduce el factor de crecimiento de la inversión y además se incluye la financiación de la sanidad pública, el riesgo de que se rompa el equilibrio presupuestario es elevado. Podría afectar indirectamente a la pieza central del Presupuesto, que es la contención del déficit en los límites del programa de convergencia y que el Gobierno ha cumplido hasta ahora con suficiencia.

El eje presupuestario para el año próximo es la coordinación de dos objetivos aparentemente contradictorios: continuidad en la reducción del déficit, para respetar la condición de convergencia, y recuperación de la inversión pública, seriamente dañada en ejercicios anteriores. Los instrumentos de ajuste siguen siendo los de 1997 y 1998: el recorte del gasto corriente, el ahorro en los intereses de la deuda, la rebaja de los costes de protección social y la moderación salarial de los funcionarios, cuyos sueldos crecen como la inflación (1,8%).

No es un Presupuesto restrictivo, aunque Rato lo haya definido así. No se advierten ajustes estructurales en la política fiscal que permitan sostener esa definición. Tampoco es un Presupuesto expansivo, dada la contención del déficit y la indefinida apuesta por la inversión. Pero sí es un Presupuesto acomodado al ciclo económico, que arrastra la inercia del crecimiento y de los excelentes resultados empresariales de 1998. Este carácter inercial puede chocar con la realidad económica de 1999 si efectivamente se confirma una desaceleración económica a causa de la crisis financiera. Quizá hubiese sido más apropiado esgrimir mayor cautela en las previsiones de crecimiento.