El fiscal pide un año de prisión para dirigentes de Unió de Pagesos

La Fiscalía de Lleida ha solicitado penas de un año de prisión y multas de 365.000 pesetas para cada uno de los nueve dirigentes del sindicato agrario Unió de Pagesos (UP) que el 31 de octubre del año pasado participaron en un acto de protesta contra la política de la Generalitat en la lucha contra la peste porcina clásica. Los nueve sindicalistas están acusados de provocar daños en la sede de la Delegación de Agricultura de Lleida, en cuyas dependencias arrojaron desinfectantes y cal viva. El escrito de calificación provisional del fiscal señala que los acusados, entre los que figuran el coordinador nacional de UP, Josep Riera, y el máximo responsable del sindicato en Lleida, Josep Puigpelat, en presencia de los Mossos d"Esquadra, entraron en el edificio de la Delegación de Agricultura y esparcieron por el suelo productos desinfectantes. Un perito judicial evaluó los daños ocasionados por los manifestantes en 458.000 pesetas, cantidad que los sindicalistas deberán abonar conjunta y solidariamente en caso de ser condenados. Delito de daños El fiscal, que sólo imputa a los acusados un delito de daños, considera que éstos no atentaron con su acción contra el orden público ni contra la salud de los funcionarios, ya que la policía autonómica no intervino en ningún momento para impedir la protesta. En la denuncia presentada por el Departamento de Agricultura de la Generalitat se hizo constar que los productos arrojados por los manifestantes obligaron a desalojar el edificio porque causaron problemas respiratorios a los funcionarios. Los dirigentes de la organización agraria criticaron ayer con dureza a la Generalitat por haber mantenido la denuncia. Josep Riera señaló que este procedimiento judicial no servirá para escarmentar y amedrentar a los miembros del sindicato, que no descartan convocar movilizaciones. El sindicato calificó de "juicio político" la decisión de la fiscalía. Pere Aiguadé, uno de los nueve acusados, hablando en nombre de Unió de Pagesos indicó: "Consideramos que esto es un juicio político forzado por la posición del Departamento de Agricultura o directamente por el Gobierno de la Generalitat, que incita a un poder independiente a que se lleve a cabo un escarmiento de lo que debe ser considerado un acto social". Unió de Pagesos realizó ayer una conferencia de prensa para analizar la petición de la fiscalía y anunció que si la Administración no frena completamente la incidencia de la peste porcina clásica, sus miembros continuarán con las acciones de protesta.