El Gobierno de Menem dice que Garzón hubiera sido destruido en Argentina

El presidente Carlos Menem lo llama "juez vedette". Su ministro del Interior, Carlos Corach, va más lejos: "Si en Argentina hubiese habido un magistrado como Garzón, todos los medios lo habrían destruido". Las críticas son, a juicio de los analistas locales, una prueba de la existencia de presiones militares sobre el Gobierno. Las Fuerzas Armadas se sienten muy descontentas con las investigaciones realizadas en la Audiencia Nacional sobre la desaparición de ciudadanos españoles ocurridos durante la última dictadura militar.

Menem prometió, en la tarde del viernes, una "activa solidaridad personal" con el personal de las Fuerzas Armadas. El discurso fue pronunciado en la base naval de Puerto Belgrano ante los miembros de la Marina, una institución acusada de gravísimas violaciones de los derechos humanos en el pasado. Suya era la Escuela Mecánica Superior de la Armada, la temible ESMA, donde se hizo desparecer a 4.000 personas. El presidente habló de "acoso judicial" y de "víctimas de maniobras político-judiciales fraguadas por la ultraizquierda". La virulencia de la crítica a Garzón adquirió tintes de amenaza cuando el presidente argentino anunció que había dado "instrucciones" a sus ministros de Exteriores y Defensa para que se opongan "con fírmeza" a la decisión del juez español. Se trata de un paso más de lo que ha sido hasta ahora la actuación del Gobierno argentino: negar toda colaboración en la investigación de Garzón sobre los crímenes de la dictadura. Poco después, el ministro del Interior, Carlos Corach, la mano derecha de Menem, ahondó en las críticas en una cumbre del Partido Justicialista, en La Pampa. Allí dijo, entre otras cosas: "Creo que el juez Garzón es una vedette y no un juez. Sien Argentina hubiese habido un magistrado como Garzón, todos los medios lo habrían destruido". El ministro insistió en que la legislación argentina "establece con claridad que no se puede juzgar a la misma persona dos veces y que los hechos delictivos se juzgan en el lugar que se cometieron, es decir, en Argentina". Es decir, que España no es competente, una tesis compartida por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño.

¿Punto final?

El tono utilizado por Menem y su ministro en la defensa de los uniformados es un indicio del malestar en las filas militares ante el cúmulo de iniciativas que se suceden para esclarecer los delitos cometidos durante la dictadura. Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida aprobadas por el Gobierno de Raúl Alfonsín y el posterior indulto decretado por Menem intentaron dar carpetazo a lo actuado durante el régimen militar. Casi dos decenios después, la investigación realizada desde el exterior por el juez Garzón ha alentado a organizaciones políticas y humanitarias para exigir con fuerzas renovadas justicia. En realidad, la herida nunca se cerró, pero las denuncias de los familiares de las víctimas de la represión, que durante años cayeron en saco roto, están saliendo a la luz gracias a la intervención del controvertido juez. Por ejemplo, la existencia de una cuenta bancaria en Suiza (engordada presuntamente con el expolio a los desaparecidos) a nombre del gobernador de Tucumán, el general retirado Antonio Domingo Bussi, y de otros prominentes militares implicados en la guerra sucia se conoció a través de un informe enviado por la fiscal general helvética, Carla del Ponte, a Garzón, que había solicitado información sobre depósitos de militares argentinos implicados en la represión ilegal durante la última dictadura. El precedente que ha sentado el magistrado español es saludable para la democracia y para la búsqueda de la verdad, pero es altamente peligroso para todos aquellos que han vivido amparados en la impunidad. El analista Osvaldo Bayer escribía ayer en el diario Página 12 que en Alemania organizaciones políticas, humanitarias y la Iglesia preparan la próxima presentación de una denuncia internacional contra militares argentinos por la desaparición de 75 ciudadanos de origen alemán. El prestigioso Instituto Max Planck es el encargado del asesoramiento jurídico para la presentación de la denuncia.