Menem anuncia el derribo del mayor centro de tortura de la dictadura

, Las instalaciones de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) en Buenos Aires, que sirvieron de centro de detención y tortura bajo la dictadura argentina (1976-1983), serán derruidas y en su lugar se levantará un par que, según informó ayer el presidente argentino, Carlos Menem. La decisión de derribar los edificios de la ESMA se ha tomada con el fin de "relegar los enfrentamientos de nuestra historia reciente" para que quede "un espacio verde y un monumento, símbolo de la unidad nacional", explicó el presidente.

La ESMA dependía del jefe de la Marina, el almirante Emilio Massera. Entre los oficiales implicados en las prácticas de torturas figura el capitan Alfredo Astíz. Por otra parte, dos diputados de la oposición argentina han presentado un proyecto de ley que promueve la anulación de antiguas leyes que eximieron de responsabilidad penal a los militares acusados de violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar que gobernó entre 1976 y 1983. La iniciativa de los legisladores Juan Pablo Cafiero y Alfredo Bravo, ambos del Frente País Solidario (Frepaso), de orientación centroizquierdista, busca que las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida sean "derogadas y declaradas nulas".

Amnistía general

La Ley de Punto Final, aprobada en 1987, puso un límite a los jueces para abrir procesos contra militares acusados por delitos de represión ¡legal, mientras que la de Obediencia Debida benefició a los oficiales. subalternos y suboficiales al argumentar que sólo cumplieron órdenes de los ex comandantes. Más de un millar de militares sospechosos, acusados o procesados por violaciones de los derechos humanos resultaron beneficiados por esas leyes.Esas normas legales, aprobadas durante el Gobierno del ex presidente Raúl Alfonsín, de la Unión Cívica Radical, "han consolidado la impunidad y permitieron que los asesinos de la dictadura estén en libertad", según los dos diputados.

Por otra parte, la presidenta de la Coalición Internacional de ONG para el Establecimiento del Tribunal Penal Internacional, Pascale Norris, pidió ayer en Madrid el apoyo de la sociedad española y de su Gobierno a la creación de este órgano, que se encargará de juzgar crímenes contra la humanidad. La Coalición, que engloba a 300 ONG, considera "esencial" que la sociedad reclame la creación de un tribunal internacional "independiente" y "eficaz" antes de la conferencia que se celebrará en Roma en junio, en la que se decidirá la constitución, competencias y definición de éste órgano.

Norris Señaló que una de las cuestiones ya definidas es que el tribunal se encargará sólo de los asuntos que sucedan a partir de su creación y no de otros ya pasados como las desapariciones durante las dictaduras de Argentina y Chile, pues de lo contrario no se lograría el consenso necesario para la formación de este órgano.