El ministerio fiscal, entre Chile y Argentina

A la Unión Progresista de Fiscales, por defender gallardamente la dignidad humana

Es ya un dato objetivo que el ministerio fiscal, para su desgracia, está permanentemente de actualidad. Se sale de un escándalo y seguidamente se entra en otro, por mucho que se pretenda dar la sensación de que la normalidad es lo habitual. Triste balance el de un año que a punto está de morir, sin grandes esperanzas ante el que va a nacer. Presidido ha estado por la opacidad y el oscurantismo, alcanzando cotas inimaginables y que uno consideraba ya superadas después de veinte años de democracia. Craso error.

En el difícil, complejo y complicado mundo del derecho, no todo, pero sí casi todo, es susceptible de interpretación. Pero lo que susceptible de interpretación es, puede serlo de manipulación, y el esfuerzo que diariamente han de hacer los juristas es precisamente el de tratar de evitar la manipulación de las normas a través de la interpretación. De otro lado, hemos de concebir el derecho como un instrumento para la paz y la convivencia, no para lo contrario.

Si los crímenes espantosos cometidos durante las tiranías de los militares argentinos y chilenos, con centenares de víctimas de compatriotas nuestros -aunque en ese macabro y satánico periodo no se deba distinguir entre las víctimas la nacionalidad de cada una de ellas, pues todas fueron objeto de las mismas acciones repugnantes-, se pueden o no perseguir por la justicia española puede ser opinable, pero siempre desde un punto de vista jurídico, aunque personalmente creo en su competencia, como tantos otros juristas, sean abogados, catedráticos, políticos, jueces o fiscales.

Lo que no es admisible entre quienes vestimos la toga es mezclar lo jurídico y lo político, si bien no ha de darnos ello miedo alguno, pues, en todo caso, sirve para dejar a cada cual en su sitio.

Lo primero que ha de decirse es que para rechazar la competencia de la justicia española han de tenerse en cuenta los argumentos esgrimidos por los jueces que a través de sus resoluciones competentes se han declarado para conocer de tales hechos. No parece que todos los fiscales hayan tenido esa oportunidad antes de pronunciarse. Ni las razones que han movido a reconocer esa competencia al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, al Pleno del Parlamento Europeo por unanimidad, a la Fiscalía General de EE UU, al presidente del Tribunal Supremo de Argentina y al Defensor del Pueblo de Buenos Aires, así como a autoridades judiciales de Francia, Italia, Alemania y Suecia. No se trata precisamente de aficionados que hablan de oídas. Tampoco se han podido tener muy en cuenta, de otra parte, convenios y tratados internacionales suscritos por España y que forman parte de nuestro derecho interno, y que, acertadamente, invocan nuestros jueces, en alguno de los casos con más de veinte folios de argumentación, a mi juicio plenamente convincente.

Mas argumentar, por ejemplo, que los militares argentinos no pretendían sino subsanar las insuficiencias del orden constitucional existente para mantener la paz pública, y que ello excluye el terrorismo, supone para el ministerio fiscal entrar en un terreno peligroso en grado sumo. Seguramente -y así quiero entenderlo- no estará ello en la mente de quienes defienden tan peligrosa tesis, pero es precisamente lo que siempre afirman los golpistas, que hablan en nombre de la patria que dicen defender.

Unos militares, argentinos y chilenos, ensuciando el uniforme que tan pomposamente lucían, tras la consumación del golpe, patrocinaron unas veces y consintieron o encubrieron otras, tras subvertir el orden constitucional y alterar gravemente la paz pública, asesinatos múltiples, detenciones ilegales masivas, desapariciones por secuestros y sustracciones de menores, implantando con ello el terror. Eso es terrorismo, aquí y en Nueva York, y tales delitos constituyen crímenes contra la humanidad y son de persecución universal conforme a los tratados y convenios, y pueden y deben perseguirse en España al amparo del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sin olvidar que el secuestro de niños es un delito de carácter permanente.

Vista la reacción producida entre la inmensa mayoría de las fuerzas democráticas y numerosos colectivos de todas clases y la prensa nacional, la humildad aconsejaba reconocer al menos -con independencia de defender la no competencia de los jueces españoles si así se quiere, aunque uno no lo comparta- que la argumentación utilizada para negar la existencia de terrorismo no ha sido afortunada. Más bien una desdicha. Pero el "sostenella y no enmendalla" revela una falta de sensibilidad preocupante y contribuye a sembrar la confusión.

Los millares de víctimas de Videla y sus compinches y del senador vitalicio Pinochet (esperemos que ningún senador español le estreche algún día la mano), de diferentes nacionalidades, y entre ellas cientos de españoles, no merecen el espectáculo que, entre atónitos y asombrados, presenciamos estos días. ¡Cuántos españoles han desaparecido en Argentina! ¡Cuántos españoles estarían antes de morir en el Estadio Nacional de Chile acompañando a Víctor Jara, al que, según entonces se dijo, mutilaron las manos para que no pudiera cantar más acompañándose de su guitarra: Te recuerdo, Amanda; Duerme, duerme, negrito; Gracias a la vida...

Con el recuerdo a todos ellos y con apoyo de la legislación española, convenios y tratados internacionales, deseo el mayor éxito en sus investigaciones a los jueces españoles. Orgulloso me siento de pertenecer a la Unión Progresista de Fiscales, cuyos dirigentes tuvieron la feliz iniciativa de denunciar tan execrables hechos.

Chile y Argentina, Argentina y Chile, ¡cuánto os queremos! ¡Países que, ay, tanto habéis sufrido!

Dícese en los mentideros que hay fuertes presiones para que los hechos denunciados y sus autores no sean perseguidos en España, pues ello impediría llevar a buen puerto una serie de acuerdos entre empresas españolas y aquellos países. Jamás me permitiría defender algo que perjudique los intereses de la economía nacional, siempre que no sea a costa de no perseguir y dejar en la impunidad crímenes repugnantes que, como tales, atentan a la dignidad humana. Séame por último permitido anticiparme a los mentecatos de turno. Una vez más dirán que cuanto vengo diciendo y haciendo desde hace un año lo hago y lo digo para enterrar los asuntos de los GAL. Sin rencor alguno, ¡que santa Lucía les conserve la vista!