El Gobierno aprueba la ley de control de residuos

Habrá un antes y un después en materia de residuos con la Ley, que hoy tiene previsto aprobar el Consejo de Ministros. Así de pomposa califican esta norma en el Ministerio de Medio Ambiente (MIMAM), para destacar el salto cualitativo que puede suponer para España su aplicación en la gestión de los residuos.La norma contiene una directiva marco comunitaria de 1991, cuyo retraso en trasponerse al derecho interno le ha valido una condena a España.

Según la directiva, todos los municipios con más de 5.000 habitantes deberán efectuar la recogida selectiva de los residuos urbanos para dentro de cuatro años; los productos orgánicos en una bolsa y los materiales en otra, de modo que éstos puedan ser reciclables o valorizables. Pero antes de llegar a esa fase y por extensión a todo tipo de residuos generados -no hospitalarios o radioactivos-, la directiva pretende implantar un principio de prevención; reducir al máximo posible el volumen y la toxicidad de los residuos en todo el ciclo de vida de un producto, desde que se inicia su fabricación.

De esa manera es el fabricante quien responde del destino y la gestión de los residuos que generará su producto después de usado. Su recogida, valorización, almacenamiento y recuperación, queda contemplada en la ley, aunque remite a futuros planes del Estado y las Comunidades Autonómas la gestión de esos residuos así como el control de las actividades asociadas a ellos, acompañadas de un régimen de sanciones. La correspondiente a un caso muy grave, como el abandono de un vertido incontrolado puede suponer multas de hasta 200 millones de pesetas y la inhabilitación durante diez años para ejercer la actividad sancionada.

Proyecto 'liberal'

Según fuentes del MIMAM el anteproyecto queda lejos de ser intervencionista. Sólo lo es en la medida en que para asegurar el control de los residuos se obliga a los agentes económicos, productores y gestores, a que conozcan los residuos que generan y aseguren su gestión adecuada. "Por lo demás se trata de un anteproyecto liberal; se establecen estándares ambientales de tecnologías poco contaminantes pero no se imponen y se introducen elementos de libre mercado en el ámbito medioambiental. Un empresario podrá mantener sistemas de producción obsoletos si quiere, pero le costará más dinero por unidad de producción". Por último, añaden las mismas fuentes, "se abren posibilidades empresariales y de negocio nuevas", en el campo de la gestión de residuos "al valorizar materiales de segundo uso".El anteproyecto ha sido criticado por el Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA) por depositar en la incineración el peso de la valorización de residuos. La CEOE, sin embargo no considera este aspecto negativo y ve como un acierto que hayan desaparecido de la ley los impuestos que gravaban la gestión de residuos.