Los Gobiernos socialistas reclaman que la UE destine fondos para políticas activas de empleo

El acceso de Lionel Jospin al Gobierno de Francia ha dado un nuevo impulso al debate sobre la reforma del Tratado de Maastricht, justo cuando entra en su fase final. Ha aumentado la presión socialista para una Europa social. Es decir, para dotar del máximo contenido posible a la inclusión del empleo en el nuevo Tratado: no sólo como un objetivo genérico, sino consagrando mecanismos financieros concretos para desarrollar políticas activas. Son ya 12 los Gobiernos -todos, salvo España, Alemania y el Reino Unido- partidarios de establecer "incentivos" comunitarios al fomento del empleo.

La reforma, que debería aprobarse en la cumbre de Amsterdam los próximos días 16 y 17, llegó a la ebullición en política social y cuestiones de Justicia e Interior el viernes, en la sesión de los representantes personales de los ministros en la Conferencia Intergubernamental (CIG). La reunión se reanuda mañana, a una de caballo con objeto de tener los textos a punto para Amsterdam.Los Quince se han resignado ya a cambios institucionales muy modestos, sobre todo porque no se atreven a romper el statu quo en la configuración de la Comisión al menos hasta el año 2.000. Ello implica aplazar bastante tiempo la ampliación de la Unión Europea (UE) al Este, que era el objetivo téorico de la CIG: preparar la casa para que acoja a nuevos inquilinos. Ésta no será pues la reforma de la ampliación -aunque de algún pasito hacia ella-, sino de la profundización en las asignaturas que Maastricht dejó pendientes: la dimensión social que complete la unión monetaria y la libre circulación de personas que ahonde la dimensión ciudadana de la Unión.

Pues bien, hasta ahora, el consenso sobre la dimensión social se centraba en incorporar al Tratado un capítulo dedicado al empleo, Pero quedaba la espinosa cuestión de los recursos financieros. La llegada de Jospin al poder en Francia reforzó en las dos últimas sesiones de la CIG una propuesta formulada por Austria, Dinamarca y Bélgica y recogida por la presidencia holandesa. A saber, que el Consejo, por mayoría cualificada, pueda "adoptar medidas incentivadoras referentes al empleo". Es decir, financiar políticas activas y programas a quienes mejor cumplan los planes de empleo anuales y mejor sigan las recomendaciones comunes.

Con Francia, son ya 12 los países que apoyan esta idea. Alemania se opuso nuevamente el viernes, alegando el papel de los länder en la política de empleo. En el fondo teme tener que rascarse más el bolsillo. El Reino Unido, pese al laborismo de Blair, sigue receloso creyendo quizá que ya ha hecho bastante al aceptar la ampliación de los derechos laborales que supone el Protocolo Social.

Y España también "rechaza los incentivos" al empleo, afirma, categórico, el representante español, Javier Elorza. Aunque no es por filosofía, sino por dinero. Argumenta que los incentivos del Protocolo Social se deciden por unanimidad y no por mayoría.Pero su razón de fondo estriba en que, como nadie quiere aumentar el presupuesto comunitario, los recursos financieros para el empleo deberán extraerse de otras líneas presupuestarias.

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